El 80% de estos delitos contra la ordenación territorial está relacionado con autoconstrucciones en pueblos del interior. La falta de medios es la principal carencia que arrastran los municipios.
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga investiga actualmente alrededor de un centenar de supuestas irregularidades urbanísticas en la provincia. El volumen de trabajo es enorme y los medios son pocos, ya que estas cien causas están catalogadas como diligencias de investigación, lo que quiere decir que son los propios acusadores públicos los que desarrollan las pesquisas. Si hay indicios de ilegalidad, se presenta después la correspondiente denuncia o querella ante el juzgado de instrucción.
Ocho de cada diez diligencias de investigación son relativas a autoconstrucciones efectuadas por propietarios de suelos rústicos o no urbanizables en municipios del interior de la provincia, un problema especialmente grave en la Axarquía, donde estas pequeñas casas se han multiplicado contaminando el horizonte de la comarca.
Las diligencias de investigación arrancan de las denuncias que particulares o colectivos hacen a la propia Fiscalía. En cierto modo, el fiscal ejerce como instructor antes de que un juez se haga con la investigación. El Ministerio público filtra aquello que encierra indicios claros de ilegalidad.
Sólo en los tres primeros meses del año han entrado más de cuarenta causas de este tipo y en lo que va de mes se han puesto diez denuncias y una querella, lo que da una idea del volumen de trabajo que soporta la Fiscalía de Málaga.
En 2008 se incoaron unas 400 diligencias de investigación, lo que quiere decir que este año podría igualarse el número del pasado ejercicio. En muchos casos, son los propios ayuntamientos los que denuncian a sus vecinos, aunque el verdadero problema estriba en que los pequeños consistorios no tienen en muchas ocasiones ni siquiera un funcionario dedicado al urbanismo. La falta de medios materiales y humanos, especialmente en el interior, es la principal carencia de estas administraciones públicas.
A estas cien investigaciones propias que tramita la Fiscalía -alguna parecida desembocó en el caso de Alcaucín-, hay que unir las que se tramitan en los juzgados de Instrucción, cuyo volumen no pudo ser confirmado por las fuentes consultadas.
Una tendencia preocupante es la seguida por los municipios del interior, como reconocía hace escasas fechas Juan Calvo-Rubio, coordinador de la sección: "El interior gana terreno. En la Costa del Sol eran las grandes urbanizaciones y en el interior son las pequeñas casitas. Muchas veces se piensa que eso no hace daño, el problema es que todos queremos hacernos una pequeña vivienda y cuando salimos al campo no es lo mismo".
Falta de medios. En relación a la falta de medios de las administraciones locales, Calvo-Rubio aseguró a este periódico que los dos consistorios más colaboradores son sin duda Málaga y Vélez Málaga. "El resto no es que no colaboren, sino que casi siempre lo hacen a requerimiento de la Fiscalía", dice.
El propio acusador público reconoce que el ministerio fiscal prácticamente está presente en causas urbanísticas relativas a todos los municipios de la provincia. "No sé a cuántos se investiga, pero sí puedo asegurar que a la mayoría", aclara. En este caso hay que diferenciar entre los asuntos que se abren por delitos urbanísticos cometidos por particulares y aquellos casos en los que se investiga a una corporación, que son los menos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario