La Junta aprobará mañana el proyecto de Ley de Vivienda (La Opinión)

El Consejo de Gobierno dará luz verde a la norma, que luego será remitida al Parlamento para su tramitación. La Ley quedará aprobada este otoño

EUROPA PRESS. SEVILLA El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, anunció que la Junta llevará a la reunión del Consejo de Gobierno de mañana martes la aprobación del proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, que irá acompañada de un conjunto "potente" de medidas económicas de apoyo financiero a las políticas de vivienda.

Según indicó el consejero, ya se ha terminado la tramitación del proyecto de Ley en el seno del Gobierno andaluz, por lo que mañana el documento irá al Consejo de Gobierno para su aprobación. Espadas precisó que a esta aprobación seguirá la remisión del proyecto al Parlamento para iniciar su tramitación parlamentaria, de forma que en otoño, en torno a octubre o noviembre, la Ley pueda ser aprobada en la Cámara autonómica.

Según el consejero, la nueva normativa irá acompañada de un conjunto de medidas económicas de financiación y apoyo financiero a las políticas de vivienda, "en las que la Junta lleva meses trabajando y analizando, a través de un grupo de trabajo, con las entidades financieras y promotores".

Las medidas, dirigidas a las viviendas protegidas y a los ´stock´ sin vender de casas terminadas, vienen a sumarse a las que el Gobierno central anunció en el Debate sobre el Estado de la Nación y a otras como los convenios con entidades financieras para financiar el Plan Estatal.

La aprobación del proyecto se producirá casi siete meses después de que, el pasado 4 de noviembre, el propio Consejo de Gobierno autorizase el inicio de los trámites del anteproyecto de la Ley de Derecho a la Vivienda, en la que se regulará el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces.

La nueva norma obligará a crear registros municipales de demandantes y a aprobar planes municipales y autonómicos de vivienda, dando la posibilidad al ciudadano de exigir a las administraciones que cumplan con tal obligación.