El empresario Maximo Filippa alega que provocaría el cierre de un campo de golf y el despido de 30 trabajadores.
El Ayuntamiento de Marbella ha suspendido el desalojo de una parcela municipal cedida de forma irregular hace 16 años al empresario procesado en 'Malaya' Maximo Filippa, hasta estudiar las consecuencias que acarrearía la decisión, entre ellas, el cierre del campo de golf construido en ese terreno y el despido de los más de 30 empleados que trabajan en él.
La medida, aprobada en junta de gobierno local, se produce después de que el Consistorio le diera un ultimátum en marzo a la empresa a la que representa Filippa, Greenlife Golf Club: o se iba en 30 días o se veían las caras en los tribunales.
El Ayuntamiento ha recapacitado tras recibir la última alegación presentada por el empresario y ahora se encuentra entre la espada y la pared. La finca, calificada en el PGOU de 1986 como equipamiento cultural «destinado a zona religiosa», fue cedida en 1993 a Filippa, que construyó un campo de golf en la urbanización Elviria Hills de Las Chapas. El empresario ha presentado un total de nueve alegaciones contra el expediente municipal de recuperación de la parcela. Se basa en el convenio urbanístico que cerró con el Ayuntamiento hace 16 años cuando Jesús Gil era aún alcalde de Marbella y en la recalificación posterior del terreno de equipamiento cultural público a privado. Las alegaciones han sido rechazadas una por una. El Ayuntamiento le ha contestado que carece de concesión administrativa para el campo de golf y que la parcela sigue siendo de titularidad municipal a pesar del cambio de uso.
En su última alegación, la mercantil puso de manifiesto «los graves perjuicios» que conllevaría el desalojo de la parcela, no sólo para ella y sus trabajadores, también «para uno de los motores económicos de nuestra ciudad como es la práctica del golf y todo lo que de ello se deriva (alojamientos, compras, restauración, etcétera)», según reza el escrito.
La última junta de gobierno local ha acordado paralizar, al menos de momento, la ejecución del desalojo y encargar un informe que estudie la situación. «Resulta necesario que por parte de los servicios técnicos y jurídicos de Urbanismo se emita informe al objeto de dilucidar los hechos alegados», reza la propuesta llevada a la junta por el concejal de Régimen Interior y portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero.
Filippa está procesado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias en relación a otra urbanización, La Trinidad. El expediente de recuperación de la parcela de Elviria es muy anterior a su procesamiento en la presunta trama de corrupción. Se inició el 23 de septiembre de 2008, dos meses antes de que el juez instructor del 'caso Malaya', Óscar Pérez, solicitara al Consistorio información sobre las operaciones urbanísticas acordadas durante años con Filippa y seis antes de que decidiera procesarlo.
Convenios bajo lupa
En diciembre, el juez pidió al Ayuntamiento que le remitiera la relación de «todos los convenios» cerrados con las empresas de Armando y Máximo Filippa, en total 12 expedientes administrativos que corresponden a otros tantos convenios formalizados con el Consistorio de Marbella entre 1998 y 2001, la mayoría para la construcción de viviendas relacionadas con las promociones La Trinidad, Green Life Village S.L. y Green Life Elviria.
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