Desde el PP de Mijas se anunció ayer que se van a personar como acusación popular ante la denuncia presentada por los vecinos del Edificio Atril, afectados por la ejecución de una promoción de VPO en Las Cañadas que denunciaron su construcción en una zona verde. Al parecer, aunque la suspensión cautelar que pesaba sobre el edificio levantado por Profasán, se está pendiente del juicio en el que se acusa al equipo de gobierno de haberse constatado la existencia de un intercambio de parcelas: la destinada inicialmente contaba con 720 metros y la de la ubicación definitiva de 460.
Con respecto a este tema, el edil de Obras del Ayuntamiento de Mijas Juan Cruz, aseguró que «no es lógico que los denunciantes aleguen a que el edificio está levantado sobre una vía pecuaria cuando el suyo está junto al lado y, por tanto, presenta los mismos problemas que el de las viviendas protegidas». Aún así, desde el PP mijeño se apuntó a que « Profasán tendrá que explicar en el juicio a qué se debe el tiempo que tardaron en observar el error que afectaba a la parcela que, tras quedar desierto el concurso para su cesión y construcción de VPO, se le adjudicó por procedimiento negociado». Por otro lado, desde el Ayuntamiento se aprobó el jueves en pleno una moción para instar a Dolmen, la empresa promotora de 120 VPO en La Cala, a que comenzase las reformas de los numerosos desperfectos de las viviendas el 20 de julio, fecha que según Cruz propusieron desde la propia entidad para subsanar los errores así como acometer los pagos en notaría para la escritura de las propiedades. Además de ello, ya se trasladó a la Delegación de Vivienda de la Junta la petición de posponer el plazo legal de ocupación de las casas.
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