EUROPA PRESS La delegada provincial del Gobierno andaluz, María Gámez, señaló que "es difícil entender el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga) parcialmente o analizar la situación de 80 viviendas y un hotel", en referencia a las construcciones de la urbanización Guadalmina cuya demolición ordena una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A su juicio, es necesario verlo "como un sistema que puede tener el aval legal desde el punto de vista que se compensa a la ciudad".
Gámez, que precisó que la premisa de la Junta de Andalucía es el respeto a las resoluciones judiciales, afirmó a Europa Press que, aunque el PGOU marbellí aún no ha sido aprobado definitivamente por el Ejecutivo andaluz, éste "avalaría un sistema donde se entienda la aprobación del Plan como un todo con sus correspondientes compensaciones". De hecho, incidió en que hay determinadas construcciones que "se quedan al margen del ordenamiento y no será posible ni siquiera su compensación."
En este sentido, dejó claro que "las construcciones que se pueden entender ahora dentro del ordenamiento no es porque gratuitamente se quieran legalizar, sino porque en un sistema general se compensa a la ciudad con aquello que ha perdido, de equipamiento y zonas verdes". "Sólo así se entiende que un plan sea coherente", subrayó.
"Únicamente bajo esa óptica de compensar al municipio por aquello que no recibió como consecuencia de construcciones al margen de la legalidad se pueden entender legalizables unas construcciones", declaró la delegada del Gobierno andaluz en Málaga.
Según Gámez, "devolver seguridad jurídica y normalidad al planeamiento parte de la premisa de un PGOU como un todo y que aquello que entre dentro de la ordenación responda a un sistema de compensación". "La entrada en la legalidad sólo se entiende por compensar a los ciudadanos por aquello que perdieron por desmanes políticos de etapas pasadas", concluyó.
Recurso del Ayuntamiento
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marbella ya anunció que pedirá la suspensión de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que ordena la demolición de estas 80 viviendas y un hotel de cuatro estrellas construidos por Fadesa en la urbanización Guadalmina, junto al núcleo poblacional de San Pedro Alcántara, algo que Gámez dijo respetar.
Así, el portavoz municipal del PP, Félix Romero, indicó que el Consistorio estudiará el fallo para determinar su acomodo en la nueva situación que establece el PGOU, aprobado por segunda vez de forma provisional el pasado 29 de julio y que será ratificado definitivamente por la Junta de Andalucía.
Dado que el nuevo Plan de la ciudad legaliza estas construcciones y establece una calificación de suelo que permite la ubicación de dicha edificación, "no tendría lógica ni sentido común demolerlas", apuntó, a lo que añadió que se puede causar un perjuicio "mucho mayor" que el beneficio que se pretende conseguir con esta sentencia, ya que su inmediata ejecución "implicaría la demolición y el pago de una indemnización a su titular, para, posteriormente, otorgarle una licencia para construir el mismo inmueble, ya que eso es lo que prevé la legalización de tal construcción".
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