Los juzgados decidirán tras la aprobación del PGOU sobre un centenar de sentencias de derribo. Marbella (SUR)

El número de resoluciones judiciales pueden incrementarse hasta 300 en los próximos meses

La ejecución se ha aplazado hasta la entrada en vigor del Plan, prevista para el próximo otoño.

Desde hace tres años las sentencias judiciales que anulan licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento de Marbella durante el mandato de los alcaldes del GIL se van acumulando en los juzgados a la espera de su ejecución. Hasta el momento son más de un centenar las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en las que se establece la obligación de restituir la legalidad, es decir, el derribo de la edificación levantada al amparo de un permiso de obras que vulnera el planeamiento urbanístico vigente.

Una cantidad cercana al doble de esa cifra se encuentra pendientes de resolución, por lo que el número de sentencias puede incrementarse hasta las 300 en los próximos meses. La ejecución de todas ellas, muchas de las cuales afectan a promociones inmobiliarias habitadas, está pendiente de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.

Desde la etapa en la que la comisión gestora se puso al frente del Ayuntamiento tras la disolución de la Corporación municipal a raíz del 'caso Malaya', por cada notificación recibida de una sentencia de anulación de licencia urbanística, existe a su vez una solicitud del Consistorio al TSJA para que se suspenda su ejecución hasta la entrada en vigor del nuevo ordenamiento. El mecanismo ante la comunicación de estas resoluciones judiciales siempre es el mismo. El servicio de disciplina urbanística inicia la tramitación del expediente para la ejecución de la sentencia y, de forma paralela, promueve un incidente de ejecución referente a la reposición de la realidad alterada sobre el que deben decidir con posterioridad las autoridades judiciales. La Junta de Andalucía se ha mostrado también de acuerdo con la tesis planteada en este sentido por el Gobierno municipal marbellí.

Reanudación del proceso

La aprobación definitiva del PGOU por parte del Gobierno autonómico, prevista para el próximo otoño, abrirá un nuevo escenario en relación con las miles de viviendas sobre las que pesan sentencias firmes de derribo. Entonces, según fuentes municipales, cualquiera de las partes personadas en los procedimientos judiciales podrá solicitar la reanudación del proceso, y con ello el inicio del expediente de derribo. En cada caso, el Ayuntamiento de Marbella informará del nuevo ordenamiento urbanístico vigente en el municipio al TSJA, y a partir de aquí se inicia el capítulo de las hipótesis, dado que los tribunales decidirán cada caso de manera particular.

Tanto la Administración regional como el Consistorio marbellí consideran que el nuevo documento urbanístico aporta la base para la legalización de las edificaciones, por lo que el tratamiento de las sentencias establecerá la imposibilidad de ejecutar las mismas en lo referente a posibles demoliciones. Eso sí, según el equipo de Gobierno, las resoluciones judiciales anulan estas licencias de obras, otorgadas al amparo de un planeamiento que no entró en vigor, por lo que se deberán conceder los permisos urbanísticos en relación con el nuevo PGOU. En cualquier caso, serán los juzgados los que decidan cada uno de los supuestos, hecho que podría desembocar en resoluciones dispares.

Diferentes casos

No todos los casos tienen el mismo telón de fondo. Frente a las cerca de 17.000 viviendas ilegales que se incorporan el proceso de regulación por compensaciones que recoge el Plan, se encuentran las tres promociones que quedan fuera de ordenación: Banana Beach, La Víbora y Río Real. «Aún en el caso de que el nuevo plan declare su compatibilidad con el modelo territorial propuesto, no implica necesariamente su no demolición, puesto que si los tribunales adoptaran la ejecución de la sentencia con independencia de las previsiones del nuevo plan general, se procedería a su demolición». Son palabras del coordinador del equipo redactor del nuevo PGOU de Marbella, Manuel González Fustegueras, en relación con el Banana Beach, aunque la reflexión del arquitecto jerezano podría hacerse extensible al resto de edificaciones ilegales.

Tampoco todas las sentencias de anulación de licencias tienen su origen en las cerca de 380 impugnaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía a lo largo de once años. Algunas de ellas responden a las denuncias presentadas por particulares o comunidades de propietarios. En estos casos, serán los denunciantes quienes solicitarán la ejecución de las sentencias y, por tanto, la demolición de los inmuebles, mientras que el Ayuntamiento defenderá la misma postura en relación a la regularización de las edificaciones en virtud del nuevo PGOU. Según el edil socialista Javier de Luis, en estos supuestos los particulares podrán solicitar una indemnización por responsabilidad patrimonial tanto al promotor de la obra como al Consistorio. La opinión del equipo de Gobierno es distinta. Su portavoz, Félix Romero, considera que la denuncia de un particular no genera ningún derecho, sino que es similar a una acción popular.