MIJAS Las multas coercitivas sólo se eliminarán a las edificaciones ilegales con el expediente abierto. (SUR)

La propuesta se llevará al próximo pleno, que se celebrará en 10 días Urbanismo estima en 3.700 las construcciones irregulares

22.09.2009 -

MARI CARMEN JAIME

| MIJAS

Desde el Ayuntamiento se trabaja por dar una solución al problema de las viviendas irregulares pero ésta no se va a convertir en una amnistía», sentenciaba ayer el alcalde de la localidad, Antonio Sánchez al anunciar que se llevará al próximo pleno una moción para la eliminación de las multas coercitivas y con ello alargar el plazo de los afectados para poder regularizarlas. «Este proceso -el de detener las multas- sólo se ejecutará a aquellas personas que ya tengan un expediente abierto», puntualizó el mandatario.

Esta situación implica que la medida, que se aprobará en sesión plenaria, afectarán a aquellas personas que ya hagan pagado alguna multa, la legalidad previene hasta 12 antes de decretar la demolición, o a quienes aún habiendo recurrido continúan con el trámite abierto.

Problema que se repite

«Lo que se busca es un desahogo económico para las familias», recordaba Sánchez. Y es que, los afectados se veían obligados a abonar en doce ocasiones un pago mínimo de 600 euros y de hasta el 10% del valor de su edificación. A partir de ahora, sobre los expedientes pesará la orden de demolición, una categoría que permite ampliar los plazos para que las familias puedan regularizar su situación, a través de vías jurídicas o bien que se produzca un cambio legal. «Este problema no se da únicamente en Mijas, sino que existe en buena parte del territorio andaluz y nacional, con lo que se hace necesario un debate para que las administraciones superiores promuevan alguna iniciativa», apuntó el alcalde. También se gana un margen de maniobra fundamental hasta que se puedan aplicar regularizaciones mediante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), evitando que se demuelan construcciones que sean legalizables en el futuro.

En cuanto a los plazos que se decretarán para efectuar las demoliciones, desde el Ayuntamiento se destacan que «serán variables, y dependerán de un informe técnico». En él, Sánchez apuntó a que «se tendrá muy en cuenta características como que sea la primera vivienda de las familias». Así, como norma general, el periodo más largo se aplicará a las viviendas habituales y el menor a otro tipo de construcciones, como muros y piscinas. En este sentido, desde el Ayuntamiento se planteó inicialmente establecer unos plazos fijos para hacer cumplir a los propietarios de edificaciones irregulares, «pero la gran diversidad de casos en el municipio hace que sea preferible su estudio individualizado», concretó el primer edil.