Mijas propone la demolición para evitar las multas coercitivas. (LAOPINION)

MARÍA ALBARRAL. MIJAS El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, anunció ayer las medidas que el equipo de gobierno propondrá en el próximo pleno para "evitar las multas coercitivas en las viviendas irregulares con expediente de regulación abierto".

Entre las iniciativas se encuentra la sustitución de las sanciones por una orden de demolición, consiguiendo el tiempo que tarde el proceso administrativo como periodo para intentar legalizarlas a través de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sánchez espera que "esta moción sea apoyada por la oposición y puedan refrendarla de manera unánime al ser de especial importancia para los ciudadanos".

El regidor quiso aclarar que "no se trata de una amnistía; las nuevas irregularidades que detecten los servicios de inspección no podrán beneficiarse de la medida". En estos casos se procederá a aplicar la normativa en toda su extensión, incluyendo el precinto de la obra, la retirada de maquinaria y materiales, la imposición de hasta 12 multas coercitivas por el 10% del valor de la obra, así como decretar la demolición.

Plazos. A la hora de concretar el plazo para la demolición de las construcciones con expediente de regulación ya abierto, se tendrá en cuenta el informe de la asesoría jurídica. Las casas que sean vivienda habitual y familiar tendrán un periodo de tiempo más amplio al resto de construcciones, como muros y piscinas. "De esta manera se tiene un margen de maniobra para la regularización de las viviendas a través del PGOU", señaló el alcalde, quien a su vez anunció que "el catálogo de construcciones en suelo no urbanizable que está elaborando el área de urbanismo del Consistorio estará terminado para la primavera de 2010".

Dicho texto permitirá determinar qué construcciones tienen posibilidades de regularización en el futuro. El regidor mijeño, Antonio Sánchez, aseguró que "la cantidad real de construcciones irregulares, incluyendo viviendas, muros, piscinas, alojamientos para animales y cualquier otro elemento levantado sin licencia, se sitúa en torno a las 3.700, lo que en ningún caso se acerca a las cifras exageradas que ha facilitado la oposición".