Los 31 alcaldes de la comarca más oriental hacen un frente común por su desarrollo. No descartan movilizaciones ciudadanas masivas para exigir una ley adaptada a su suelo.
FRAN EXTREMERA. VÉLEZ MÁLAGA Hay quien recuerda en tiempos de crisis, económica y también de valores, que la Axarquía fue cuna de alguno de los más tristes episodios de la rebelión morisca. Hasta los ecologistas de este territorio trazan comparaciones. Sin embargo, como subrayan los alcaldes, "en esta batalla los únicos que están fuera de juego son la Junta de Andalucía y la Fiscalía, y dentro de la comarca, los seguidores de Yus", al referirse a la asociación Gena-Ecologistas en Acción.
El debate está abierto. Los casos de detenciones y sentencias contra alcaldes de municipios pequeños por ir contra la LOUA durante su reciente aplicación han puesto en marcha una mesa para el urbanismo, con todos los regidores y no se descartan otras acciones. "Vamos a plantear, en caso de que efectivamente no pueda cambiarse la ley, como hace unos días ha manifestado la Junta, una movilización ciudadana masiva, para exigir que la ley se adapte a esta tierra, a una comarca con unas pendientes que quedan ahogadas por la nueva legislación".
Hay una indignación generalizada por lo que le ha ocurrido al alcalde de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), condenado a un año de cárcel –el viernes la Fiscalía comunicaba que pedirá hasta cuatro finalmente– por otorgar licencias de obra con informes técnicos desfavorables. Lo defienden, "incluso más que sus propios dirigentes provinciales", regidores del PP, como Manuel Robles, o de IU, como Amalia Jiménez o José Gámez. Este último argumenta que la Junta "no conoce o no quiere conocer la realidad de la comarca de la Axarquía".
"Pedimos más seriedad. Somos un cuatro por ciento de la población, sí. Pero es indigno que senos compare con Marbella. Ellos saben que aquí se te puede manifestar un pueblo, mil habitantes, que no es nada contra toda una ciudad en la calle", argumenta. Y apunta que Navas u otros alcaldes son "más honrados que los propios jueces. Es indigno que a una persona se le amargue la vida después de que apruebe una licencia condicionada a una actuación y el particular no cumpla con lo pactado previamente".
"Te dejas parte de tu tiempo y de tu familia, por unos 1.500 euros que suele ser el sueldo de los que gobernamos en municipios pequeños como los nuestros, y ahora para ésto". Como a Gámez, la situación les duele a todos, de forma más o menos explícita. En la actualidad apenas se han aprobado inicialmente unos cuantos planes generales adaptados a la nueva realidad normativa en materia urbanística. El Borge, Totalán o Cómpeta, al margen de Riogordo que sí ha completado el procedimiento. Alcaucín o Alfarnatejo han adaptado a la LOUA sus normas urbanísticas o Rincón de la Victoria también ha dado pasos firmes.
Pero son excepciones en un territorio complejo, con miles de viviendas por regularizar en suelo no urbanizable, y hasta 31 municipios con otras tantas realidades diferentes. Sí que con una sola voz a la hora de ayudarse entre ellas o de plantear que su futuro es incierto y sin soluciones para mantener las "estrechas economías familiares en el interior".
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, intentará apagar el incendio abierto en la visita que este viernes se anunciaba para los próximos días a la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía. Así ha evitado al menos una reunión que se presuponía muy caliente entre todos los regidores de la comarca oriental, a raíz de las declaraciones del consejero de Gobernación, Luis Pizarro, que avanzaba hace unos días la imposibilidad de cambiar la legislación urbanística como pide la Axarquía.
El alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, lamenta que se viertan esas declaraciones cuando la administración autonómica aún no ha desarrollado siquiera la normativa aprobada hace años. "La Junta debe seguir un principio básico del Derecho, porque la ley reina y el reglamento gobierna. Y en este caso existe un vacío jurídico porque no se ha puesto en marcha ningún reglamento después de la aprobación de las leyes urbanísticas actuales"
Lucena también considera que el regidor de Sayalonga es una persona "honrada y muy trabajadora que está frente a una sentencia injusta y desproporcionada". Son palabras además cargadas de rabia, a pesar de que políticamente haya en ocasiones distancias entre unos y otros alcaldes. La Axarquía en esta batalla ha decidido así, con gestos como éste, dejar a un lado banderas políticas y mostrarse más unida que nunca. "No caben las fisuras, todos tenemos el mismo territorio común y no hay derecho a que se nos pise", se expresaba desde la Corporación de Frigiliana, donde se vivió la más sangrienta rebelión morisca de toda la comarca según las crónicas de la época.
Otro mandatario municipal, el vicepresidente de la Mancomunidad y regidor de El Borge, José Antonio Ponce (IU), planteará una solución novedosa en los próximos días. A la vista de lo ocurrido y de que los municipios pequeños carecen de agentes policiales y de técnicos en materia de Disciplina Urbanística, propondrá que para las localidades de menos de 3.000 habitantes asuma las competencias urbanísticas la Junta. "Y por otra parte que participen en el debate público los grupos sociales afectados, porque ya hay colectivos ciudadanos creados y tampoco tengo nada contra la participación de las asociaciones ecologistas locales", concluye.
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