La Fiscalía lo acusa de conceder por decreto tres licencias de obras en suelo no urbanizable en el entorno del pantano
14.12.2009 -
El alcalde de la Viñuela, Juan Millán, se enfrentará a una petición fiscal de dos años de prisión y diecisiete de inhabilitación por dos presuntos delitos de prevaricación -uno de ellos continuado- en relación con la concesión de tres licencias de obras.
El regidor socialista está acusado de otorgar por decreto dos licencias de obras en 2001 y otra en 2003 «a sabiendas de que se trataba de Terreno No Urbanizable de Protección del Embalse de la Viñuela», una población de unos dos mil habitantes, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
Según la Fiscalía, en los dos primeros casos, correspondientes a sendas licencias para viviendas unifamiliares, se prescindió supuestamente de los trámites necesarios en los expedientes de concesión, dado que el secretario del Ayuntamiento del municipio hacía constar en ellos que se trataba de terreno no urbanizable.
El funcionario municipal precisó además que para acometer la edificación se precisaba expediente administrativo con justificación de la utilidad e interés social de las obras a realizar, así como resolución definitiva del órgano autonómico correspondiente.
El escrito de acusación recoge que, en lo relativo a la concesión de la licencia otorgada por el alcalde en 2003 para la construcción de otra vivienda unifamiliar, se necesita la acreditación de la vinculación de las obras a un fin agrícola, forestal o ganadero, algo que no se produjo.
Según el Ministerio Público, los expedientes administrativos en estos casos contaban «simplemente» con la solicitud de la licencia, el informe del secretario del Consistorio, los proyectos básicos y de ejecución, el pago de las tasas y, a continuación, los decretos aprobando dichas licencias.
Los otros casos en la comarca
Si en algo coincidieron la inmensa mayoría de vecinos, asociaciones y dirigentes políticos de distinto signo durante el desarrollo de la denominada 'operación Arcos' en Alcaucín, -primera intervención judicial por un presunto caso de corrupción urbanística en la Axarquía- es en que las supuestas irregularidades en materia de planificación y crecimiento urbano en pequeños municipios de esta zona era un secreto a voces y saltaba a la vista. Basta una mirada a la sierra y al entorno de diversas localidades para comprobar en qué grado las urbanizaciones han ido extendiéndose de manera incontrolada en la última década.
Actualmente, las investigaciones abiertas en la provincia pesan sobre cerca de una veintena de los 29 municipios que conforman la comarca más oriental de Málaga. Más de medio centenar de diligencias por supuestos delitos contra la ordenación del territorio están ahora bajo la lupa de la Justicia.
Según datos en poder de la Junta de Andalucía, en los últimos años el poder judicial ha pedido informes en otros ayuntamientos de la comarca malagueña que se remontan a varias legislaturas de antigüedad. Unos siete ya obran en poder de la Fiscalía. Junto a Alcaucín, figuran otros municipios como Canillas de Aceituno, Cómpeta, Periana o Vélez-Málaga. La mayoría de los ayuntamientos investigados están actualmente gobernados por el PSOE, aunque también hay consistorios bajo sospecha gestionados por el PP, IU y PA.
Después de Alcaucín, las localidades donde presumiblemente existen más casos de construcción de viviendas en suelo rústico es en Viñuela y Cómpeta.
Antes de Alcaucín, ya se dio un caso de un alcalde de la comarca condenado por prevaricación. Se trata del alcalde del PP Leovigildo López, que estuvo al frente de los equipos de gobierno de Cómpeta y Canillas de Albaida.
La Axarquía, que durante los últimos años se había quedado al margen de los escándalos urbanísticos mientras que la costa occidental malagueña protagonizaba las portadas de los periódicos, se sitúa ahora en el candelero.
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