Es la primera sanción que le impondrá desde que en 1998 se detectaron irregularidades en la ampliación de su casa · En paralelo, pedirá permiso judicial para entrar en la finca y demoler lo ejecutado de forma ilegal
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 18.02.2010 - 09:47
El Ayuntamiento de Málaga acaba de iniciar la tramitación, 12 años después de que se detectasen las primeras irregularidades urbanísticas, de la primera sanción económica contra el promotor del centro hispano-ruso por haber ejecutado de manera continuada sobre suelo no urbanizable obras de ampliación en su vivienda, en la zona de Pinares de San Antón. Esta multa, según desveló el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, se eleva a unos 78.000 euros, cifra que se corresponde con el 10% del valor de lo ejecutado de forma ilegal por este empresario, Vladimir Beanichvili. Pero puede que no sea la única, puesto que de acuerdo con la normativa vigente, el Consistorio puede imponerle otras 11 multas coercitivas más, por la misma cuantía, si el infractor se sigue negando a demoler de manera voluntaria lo levantado al margen de la ley.
La reacción de la Gerencia de Urbanismo tiene lugar después de que a principios de mes se le notificase a este privado la última orden en la que se le exigía el derribo de los alrededor de 6.000 metros cuadrados realizados sobre suelo no urbanizable. En esta certificación, de la que el afectado tuvo conocimiento el pasado 8 de febrero, se fijaba un plazo de cinco días hábiles para que iniciase las labores de destrozo. "El lunes se giró visita por parte de la inspección y se comprobó que el promotor no había iniciado los trabajos", expuso el concejal de Urbanismo.
No obstante, la vía de la sanción coercitiva no es la única en la que el Ayuntamiento va a actuar para solucionar este asunto. Al tiempo que se imponen las respectivas multas, Urbanismo solicitará, previsiblemente en las próximas semanas, autorización al juzgado para poder entrar en la finca del promotor con el fin de efectuar de manera subsidiaria el derribo de lo construido.
Preguntado por el tiempo que podría dilatarse el permiso judicial, el edil admitió desconocerlo. "No está en nuestra mano la decisión del juzgado respecto a la entrada en el domicilio; somos todo lo ágiles que la ley nos permite y falta que la parte judicial también lo sea y actuar con la mayor diligencia", indico. La jefa del departamento de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo, confesó que no se trata de un procedimiento sencillo: "Se trata de un domicilio y necesitamos de la autorización del juez y eso no es algo inmediato".
Un ejemplo del procedimiento que ahora tendrá que seguir el Consistorio es el que a mediados de 2005 realizó para lograr la desocupación de un edificio situado en calle Granada y que tenía que ser demolido dentro del plan de recuperación de la judería. La acción se dilató casi un año.
De la complejidad de la actuación queda constancia en el transcurrir de doce años sin que el Consistorio haya emitido sanción alguna, lo que los técnicos municipales justifican en la decisión del promotor infractor de recurrir todas las acciones municipales y en que el asunto esté también judicializado, puesto que la Fiscalía activó una causa penal, ahora en mano del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga. Esta circunstancia, según indicó Domingo, ha impedido hasta ahora la tramitación de sanción alguna.
La jefa de departamento señaló que incluso ahora el propio infractor podría seguir dilatando la cuestión, ya que tiene la posibilidad de recurrir las sanciones que emita el Ayuntamiento. "Pero no puede recurrir la demolición por parte del Ayuntamiento", aclaró.
La información municipal fue aportada tras la presentación en la Comisión de Urbanismo, por vía de urgencia, de una moción de IU en la que se instaba al equipo de gobierno a que actuase y demoliese lo construido por el promotor del centro hispano-ruso. La iniciativa fue respaldada por unanimidad.
Sobre este asunto, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, denunció que hasta la fecha no se haya actuado contra este promotor, a pesar del compromiso asumido por el alcalde, Francisco de la Torre, de reponer la legalidad urbanística en esa zona a principios de este año. "¿Desde 1998, con la ley en la mano, no se ha podido culminar el procedimiento?", preguntó Moreno Brenes, quien estimó que lo sucedido en este caso "es un fracaso del Estado de Derecho".
Por su parte, durante el debate de la comisión, Díaz Guirado aseguró que por parte del Consistorio no ha existido "dejación de funciones alguna", a lo que apostilló que los técnicos de la Gerencia seguirán trabajando "hasta que no consigamos nuestro fin, que es la demolición".
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