El lunes expiró el plazo dado por la Gerencia de Urbanismo para que iniciara el derribo de todo lo construido de manera ilegal
18.02.2010 -
San Antón. Aspecto de la zona cuando aún estaba en obras. :: SUR
Las edificaciones realizadas de manera ilegal por un promotor ruso en la zona de Pinares de San Antón siguen desafiando la gestión en materia de disciplina urbanística del Ayuntamiento. El pasado lunes expiró el plazo de cinco días para que el promotor llevara a la práctica la última de las órdenes de demolición dictadas por la Gerencia de Urbanismo, que afecta a todo lo realizado fuera de la legalidad, unos seis mil metros cuadrados construidos. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, informó ayer de que los técnicos comprobaron el mismo lunes que no se habían iniciado las labores de demolición por parte del infractor -al que se concede el plazo adicional de 30 días para terminarlas-, por lo que se va a iniciar el procedimiento para imponerle una sanción coercitiva y para que el Consistorio pueda llevar a cabo el derribo de forma subsidiaria. No obstante, la efectividad de ambas medidas no está del todo garantizada.
La sanción económica, la primera que va a imponer el Ayuntamiento al promotor ruso una década después de que se iniciara el expediente de infracción, será de unos 78.000 euros y podrá repetirse una vez cada mes hasta en 12 ocasiones si no se derriba lo construido ilegalmente de forma voluntaria. Si el promotor quiere evitarla, deberá iniciar la demolición de los edificios, aunque también puede recurrirla. No obstante, en ese caso, deberá presentar un aval por el mismo importe de la multa, según indicaron desde Urbanismo.
La realización subsidiaria de la demolición por parte del Consistorio requiere de una orden judicial de entrada en domicilio que, según señaló Díaz, se va a solicitar en las próximas semanas. No obstante, la resolución de los tribunales sobre este aspecto puede demorarse.
En cualquier caso, el concejal de Urbanismo destacó que se ha dado «un paso importante» al imponer las primeras multas coercitivas para el restablecimiento de la legalidad. «Tenemos la conciencia tranquila, porque hemos hecho todo lo que hemos podido dentro de lo que nos permite la ley», señaló Díaz, quien apoyó una moción del portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, para exigir que de forma urgente se consiga el derribo de las obras ilegales.
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