El concejal Manolo Navarro afirma que algunas viviendas "hoy día aún no tienen licencia de primera ocupación"
EUROPA PRESS El concejal popular en el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) Manolo Navarro informó hoy de la situación en que se encuentran 700 viviendas "ilegales", situadas en la Urbanización Calahonda Royale, en el límite con la localidad malagueña de Marbella. Así, aseguró que pondrá en conocimiento de la Fiscalía esta situación "derivada de la concesión de licencias ilegales que se otorgaron sin ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1995".
De esta forma, afirmó que dichas viviendas se construyeron en base a una licencia de 1990 y otras cinco ya "claramente contrarias a la ley en los años 1999 y 2000", y manifestó que "hoy día aún no tienen licencia de primera ocupación".
Según Navarro, estas licencias se intentaron legalizar con la revisión del PGOU del 2006, siendo ya concejal de Urbanismo Juan Cruz, "quien entonces, debió denunciar esta situación en lugar de hacerse cómplice de ella", afirmó el popular en un comunicado.
"Todo esto ocurre precisamente en los años en los que la Junta estaba muy pendiente de la actuación de Gil en Marbella, pero miraba para otro lado en lo que se refiere a la actuación urbanística en Mijas", indicó Navarro, al tiempo que anunció que parlamentarios populares pedirán también explicaciones en el Parlamento andaluz a los responsables de la Consejería de Ordenación del Territorio.
Estas cinco licencias otorgadas entre 1999 y 2000, se concedieron condicionadas a la aprobación de la modificación del plan general, "cosa que nunca se produjo, y que es totalmente contraria a la ley, ya que no se puede conceder una licencia sin saber definitivamente lo que se puede construir".
Navarro explicó que casi todos los vecinos, propietarios de una segunda residencia, se encuentran en una situación de "absoluta indefensión" y sufren las consecuencias de esta situación, ya que compraron sus viviendas "de buena fe", la gran mayoría sobre planos, con una licencia de obras que les garantizaba la legalidad de la misma, pero que ahora ven como no obtienen la licencia de primera ocupación, y sus viviendas tienen el carácter de ilegales.
"Ésta es la punta de un iceberg que tiene que salir a flote, porque la oscura intención del PSOE de Mijas era la legalización de estas situaciones sin que nadie se enterara, y los culpables de estas ilegalidades tienen que responder por las mismas".
Así, señaló que primero deben dar explicaciones el alcalde en los años 1999 y 2000, Agustín Moreno, y el entonces concejal de Urbanismo, Luis Vasco; y después Cruz, que "por omisión del deber de vigilancia urbanística, se ha convertido en cómplice de situación", finalizó Navarro.
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