Torremolinos acata las exigencias de Costas para avanzar en su PGOU. (SUR)

El Ayuntamiento recurrirá la nueva delimitación del domino público al afectar a varios convenios urbanísticos

01.05.2010 -

FRANCISCO JIMÉNEZ

TORREMOLINOS.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos aprobado de forma provisional por el Ayuntamiento el pasado 11 de febrero empieza a sufrir las primeras modificaciones antes de su visto bueno definitivo, fruto de las exigencias que recogen los distintos informes sectoriales que siguen llegando a cuentagotas. De momento, tanto el de la Dirección General de Costas como el de la Consejería de Cultura ya han obligado a introducir una serie de correcciones en el expediente para que éste pueda continuar su tramitación, ocasión que ha aprovechado el equipo de gobierno del PP para dar algunos retoques al objeto de evitar complicaciones futuras, como el hecho de atender las exigencias que ya hizo Aviación Civil de delimitar la huella sonora en las proximidades del aeropuerto.

El informe de Costas, remitido al Consistorio el pasado 23 de marzo, alerta de que el PGOU no se ajusta a la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en el tramo más próximo al límite con Málaga y donde ya hay firmados varios convenios urbanísticos como en La Cizaña, donde están proyectadas 600 viviendas y un hotel de 12 plantas. Precisamente en esta zona también ha puesto objeciones Cultura al incidir en la necesidad de proteger los restos de una villa romana hallados hace una década, además de las citadas anteriormente por Aviación Civil al considerarla zona de influencia aeronáutica.

Recurso

El alcalde de la localidad, Pedro Fernández Montes, reconoció que al Ayuntamiento no le queda otra opción que cumplir con estas exigencias, aunque incidió en que algunas de ellas afectan a convenios que se hicieron de acuerdo al PGOU de 1996. «Si ahora Costas, con la misma ley de entonces, quiere rectificar, ellos son los únicos responsables», afirmó. En este sentido, el regidor municipal anunció que, aunque acatarán las directrices "para no entrar en el juego de discutir", no sólo van a recurrir las modificaciones, sino que además tienen previsto pedir responsabilidad civil subsidiaria a los funcionarios que firman estos informes que, a su juicio, incluyen «falsedades, como el de la Consejería de Medio Ambiente que dice que los terrenos que limitan con Málaga son de arena cuando siempre han sido agrícolas».

Tanto PSOE como IU coincidieron en recordar al equipo de gobierno que cuando se aprobó provisionalmente el PGOU ya alertaron de que había errores, «pero no de transcripción o de nomenclatura, sino que obligaban a modificaciones sustanciales hasta el punto de que en algunas zonas supone hacer un nuevo plan», recalcó el socialista Juan Ortuño. Por su parte, Félix Martín (IU), lamentó la «incapacidad» del equipo de gobierno. Unas palabras que rechazó el portavoz popular, José Ramón del Cid, quien criticó el retraso, incluso de un año, con el que se están recibiendo los informes sectoriales de los distintos organismos del Gobierno y la Junta. «Llegan fuera de plazo, pero como son vinculantes hay que acatarlos», reconoció el teniente de alcalde, quien auguró nuevas modificaciones conforme vayan llegando el resto de reparos.

Apenas un par de horas antes de que el Pleno aprobara con el único voto favorable del PP la corrección de los errores en la revisión del PGOU, la Corporación celebró una sesión extraordinaria a petición de los dos partidos de la oposición (PSOE e IU) con un único punto en el orden del día: la venta por 17 millones de euros del 95% de las acciones (el 45% del total) que poseía el Ayuntamiento de la empresa de aguas, Astosam, sociedad hasta ahora participada al 50% por el Consistorio y Aquagest . En sus intervenciones, los portavoces de ambos grupos propusieron que se exija a la sociedad la puesta en marcha de un plan de inversiones para mejorar las infraestructuras hídricas del municipio. Además, solicitaron la celebración de un debate público televisado sobre la actuación municipal en este asunto. Tanto una como otra petición fueron rechazadas por el equipo de gobierno, que hizo valer su mayoría absoluta. Especialmente crítico se mostró Félix Martín (IU), quien acusó al alcalde de haber negociado la adjudicación a Aquagest dos meses antes de que la Junta de Gobierno Local aprobara el pliego de condiciones para la enajenación de las acciones.

En su intervención, el primer edil justificó la venta de las acciones ante la grave caída de los ingresos, a la vez que recordó que se trata de una medida «habitual en la mayoría de los ayuntamientos». Además, incidió en que las acciones volverán a pertenecer al Ayuntamiento cuando termine la concesión, ampliada a comienzos de año hasta 2065.