La asociación provincial dice que las condiciones impuestas por el Gobierno andaluz hacen inviable la contratación de los proyectos
05.07.2010 -
A los ayuntamientos y las empresas constructoras de la provincia les va a resultar bastante complicado poder llevar a la práctica las obras que se financien con cargo a la segunda edición del Plan Proteja (Plan de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía) para fomentar la creación de puestos de trabajo con proyectos públicos. Según denunciaron desde la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), las condiciones impuestas por el Gobierno andaluz para el desarrollo de los trabajos son casi imposibles de cumplir y han generado «una enorme preocupación» no sólo entre los empresarios de la construcción sino entre los ayuntamientos, que son los encargados de elaborar y tramitar los proyectos a financiar con los fondos del Proteja.
Esas condiciones son básicamente tres. La primera de ellas es que la Junta exige que al menos el 60% del gasto de ejecución de cada obra se dedique a mano de obra y sólo el 40% restante a la contratación de materiales y suministros. Para la ACP, esto es algo que resulta «totalmente incoherente técnicamente», según señalaron en un informe. Según apuntaron, y según pudo conocer este periódico de fuentes de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, las principales dificultades por este requisito las están teniendo los municipios a la hora de redactar los proyectos, ya que tienen que encajarlos de tal forma que no se superen los citados porcentajes. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga, al que corresponden 13,15 millones de euros de los 45 millones que el Plan Proteja destina a la provincia de Málaga, ha tenido que descartar alguno de los proyectos que tenía previstos y reestudiar otros para ver si pueden encajar.
«Es absolutamente inviable la realización de obras con semejantes costes de personal, limitando sólo el 40% a maquinaria y materiales», aseguraron desde la ACP. «Claro que siempre queda la opción de prescindir de cualquier maquinaria en la obra y dedicar esta parte del presupuesto a mano de obra. Podríamos, por ejemplo, hacer obras sin grúas, ni maquinaria cargadora, siendo los trabajadores los que transportaran de un punto a otro el material. incluso se puede hacer que se transporten manualmente los materiales desde la fábrica a la obra. Está claro que utilizando los procesos constructivos de tiempos pretéritos, es de fácil cumplimiento el precepto, pero quizás no sea lo más coherente en los actuales», abundaron.
Distribución de trabajadores
El segundo condicionante es que al menos el 70% del personal adscrito a cada obra deben ser empleos de nueva creación. Para ello, según explicaron fuentes del Consistorio malagueño, deberán ser contratados parados de larga duración que facilitará el Servicio Andaluz de Empleo. Además, el 30% restante del personal tendrán que ser trabajadores fijos de la constructora.
Para la ACP, esto choca con las empresas «que tienen sobrada capacidad de ejecutar las obras con la plantilla que tienen» que, además, por imperativo legal desde hace poco, debe ser de carácter indefinido en un 30%. «¿Qué deben hacer las empresas, despedir a empleados para contratar a los que marca el decreto del Proteja? ¿Queremos cambiar nuevos empleos por nuevos desempleados?», se pregunta la asociación.
Todo el tiempo
Por último, también critican el punto del decreto del Proteja que dice que no se puede contratar al personal por periodos de tiempo inferiores a la duración de la tarea para la que se requiere la contratación. La ACP se ha puesto en contacto con varios ayuntamientos para ver cómo interpretan este aspecto y han comprobado que supone la incorporación de todos los empleados necesarios para cada obra desde el primer día de su realización. «No es posible ejecutar todas las tareas de una obra de modo que todos los trabajadores empiecen y terminen el mismo día... No podrán intervenir los tejeros hasta que los estructuristas no hayan acabado su trabajo, ni los extendedores de firme hasta que los fontaneros hayan colocado las tuberías y las zanjas estén cubiertas, por ejemplo», expone la ACP en su informe.
Los constructores malagueños reclaman a la Junta que aclare cuál va a ser la aplicación de todos estos condicionantes y que lo haga de manera prioritaria con lo relativo a la posibilidad que establece el decreto del plan de empleo de que la Delegación del Gobierno andaluz en cada provincia podrá autorizar, si se justifica «suficientemente», que se reduzca el porcentaje del 60% del gasto de la obra para contratar personal.
Los ayuntamientos tienen aún hasta el 15 de agosto para presentar sus proyectos al Plan Proteja, por lo que la ACP confía en que este intervalo de tiempo sirva para que la Junta «aclare y flexibilice las condiciones para que puedan presentar proyectos reales de construcción, interesantes para los municipios».
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