TORROX La Junta lleva a los tribunales al Consistorio de Torrox por vender suelo para 152 VPO. (SUR)

La Administración andaluza sostiene que el precio de 845.000 euros por los terrenos de Barranco del Puerto no se ajusta a la ley

06.07.2010 -

EUGENIO CABEZAS

TORROX.

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga ha comunicado por escrito al Ayuntamiento de Torrox la interposición de un recurso contencioso-administrativo en contra del procedimiento iniciado por el equipo de gobierno cuatripartito (IU, PSA, PIU, PP) para la venta de una parcela donde está prevista la construcción de un total de 152 viviendas sociales (VPO), en el entorno de la URP-10 del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrox, en el Barranco del Puerto.

La Junta de Andalucía ya había remitido con anterioridad otro escrito en el que instaba al Consistorio a paralizar el procedimiento, con el argumento de que el precio de venta fijado, de 845.000 euros, no se ajusta a la ley. «Nos dijeron que no podíamos poner un precio mínimo de 500.000 euros, sino que teníamos que vender al máximo, que era de 2.272.240,16 euros. Y además de que la Junta se confunde por completo en este tema, ya que ese precio mínimo es legal y cuenta con todos los informes técnicos, la promoción sería inviable si se vendiera el suelo por dos millones de euros, por lo que no hemos hecho caso», manifestó ayer a este periódico el concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU).

«Esto parece todo una movida por intereses políticos», aseguró el concejal, quien lamentó que la Junta de Andalucía se dedique a poner un recurso contencioso administrativos contra el ayuntamiento gobernado por IU, «cuando en la etapa del PSOE enviaron un requerimiento para anular cuatro licencias para viviendas en el campo, y el anterior alcalde, el socialista Francisco Muñoz, hizo caso omiso, por lo que desde IU no nos quedó más remedio que ir a los tribunales», argumentó el concejal torroxeño.

«Que la compre la Junta»

El edil avanzó que el Ayuntamiento va a defenderse de este contencioso con argumentos técnicos y legales, «porque nos hemos ajustado a lo que dice el artículo 76 de la LOUA y al artículo siete de la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida en Andalucía», apostilló. «De momento, vamos a paralizar el procedimiento para la adjudicación, a pesar de que ya tenemos una oferta, de una UTE local, que está dispuesta a pagar 845.000 euros, para no perjudicar al Consistorio en caso de que el juez le diera la razón a la Junta», añadió Pérez Moreno.

«Pero si nos la da a nosotros, que es lo que esperamos, vamos a pedirle daños y perjuicios a la Junta, que se está comportando aquí de un modo partidista, utilizando la administración en beneficio del PSOE», declaró el edil. «Si no están de acuerdo con el precio, que lo pongan ellos, que nos diga la Junta cuánto valen esos terrenos. O si no, que nosotros se los vendemos por 845.000 euros y que sea la propia Junta de Andalucía la que, con su empresa pública, haga las casas de VPO», concluyó.