Hacienda vigilará las facturas y tarjetas de crédito por el fraude inmobiliario (La Opinión)

Agentes tributarios estiman en 6.099 millones de euros el dinero negro que se mueve en la provincia

M. FERRARY / J. L. ZARAGOZÁ. MÁLAGA Vigilar recibos de la luz, tarjetas de crédito y transferencias de dinero superiores a los 3.000 euros son algunas de las nuevas medidas para prevenir el fraude fiscal que Hacienda ha puesto en marcha y que comenzarán a ser efectivas a lo largo de este año. El fisco quiere detectar las bolsas de economía sumergida que tanto proliferan en tiempos de crisis, sobre todo en el ámbito inmobiliario. Entre esas propuestas destaca el sistema telemático que utilizará la Agencia Tributaria para reclamar a las compañía eléctricas que identifiquen quién abona el recibo de la luz.

Hay miles de facturas de electricidad donde no coincide el titular del contrato de luz con quien realmente paga la factura, ya sea porque se ha producido una compraventa o porque el alquilador no suele cambiar de titular el contrato de suministro. A partir de ahora Hacienda controlará el recibo de la luz para atajar el fraude en los inmuebles alquilados a particulares o empresas.

La medida puesta en marcha por la Agencia Tributaria tras numerosos retrasos, incluida en el plan de inspección, será efectiva desde este mes de enero. El objetivo no es otro que identificar a los posibles contribuyentes que cuenten con pisos en alquiler y no los hayan declarado en el IRPF de cada ejercicio.

La legislación modifica la norma relativa al Catastro Inmobiliario incorporando «la obligación de suministrar el número de referencia catastral de los bienes inmuebles ante las compañías suministradoras de energía eléctrica por parte de quienes contraten dichos suministros». De este modo, con la explotación y el análisis de los suministros de cada inmueble, mediante su referencia catastral –eso ocurrirá durante 2011 y los primeros resultados se obtendrán a mediados de 2012– y la información ya disponible en las bases de datos de la Agencia Tributaria, aportarán un indicio sobre actividades empresariales en los citados inmuebles o de su arrendamiento.

En los últimos años han aflorado más de 200.000 alquileres en España en la declaración de la renta por el hecho de que se obligue a identificar el número de referencia catastral de la casa en el IRPF. Con el nuevo método, Hacienda recibirá información de las compañías eléctricas que operan en España para detectar a los contribuyentes que no declaren las viviendas alquiladas, cuyo recibo de la luz está nombre del inquilino o es el pagador efectivo.

Transferencias

La Agencia Tributaria y la patronal eléctrica Unesa llegaron recientemente a un acuerdo para informatizar y agilizar este trámite que permitirá a esta administración disponer de una valiosa información.

Se trata de un acuerdo de naturaleza técnica, para agilizar el trámite y facilitar la fluidez de la información. Desde Iberdrola, la principal compañía suministradora eléctrica en muchas comunidades autónomas del país, no ha habido valoraciones sobre la eficacia de este nuevo método de control fiscal.

Economía sumergida

La economía sumergida en Málaga alcanza actualmente a una cuarta parte de la actividad económica de la ciudad, aunque levemente por debajo de la media nacional. Así, los expertos fiscales cifran en 6.099 millones de euros, exactamente el equivalente a un 22,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en la provincia, el dinero que año a año escapa al control de Hacienda.

La crisis económica ha disparado una tasa que en los últimos diez años ha podido aumentar hasta en un 33%, según el desglose provincial del Informe de Economía Sumergida 2000-2009, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

Según el estudio, y en relación de la población, cada malagueño maneja en dinero negro rentas por valor de 3.860 euros de media al año. Para Gestha, la evasión fiscal en el sector constructor y promotor, «donde las operaciones especulativas de compra-venta inmobiliarias encontraron su caldo de cultivo», propiciaron este aumento de cifras. Gestha calcula que un plan antifraude «eficaz» podría reducir en diez puntos porcentuales la tasa.