viernes, 14 de enero de 2011

Propietarios de pisos irregulares se ofrecen a pagar su regularización (Málaga Hoy)

Dos colectivos vecinales de Mijas exigen a la Junta de Andalucía que siga la misma política desarrollada en Extremadura donde se han 'legalizado' 50.000 inmuebles

NURIA ALONSO / MIJAS, MIJAS | ACTUALIZADO 13.01.2011 - 05:01
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Representantes de los vecinos, en una rueda de prensa.

Cansados de esperar. Así se muestran los integrantes de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) y de la Asociación por la Regularización de Viviendas de Mijas (AVR), que exigen acciones inmediatas para legalizar la situación de sus casas. Los representantes de las dos entidades solicitaron que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto de la misma forma que se ha hecho en Extremadura, que a través de una modificación de la ley ha permitido, según afirman, la regularización de alrededor de 50.000 viviendas. "El cambio dice que todos los costes de regularización y las infraestructuras serían asumidos por los vecinos afectados durante diez años. De esa forma todas las viviendas, que en el caso de Extremadura son segundas, se regularían", explicó la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez.

La representante de la entidad explicó que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) recoge que las viviendas de este tipo deben estar acogidas a una actividad agropecuaria, una situación que asegura que no se cumple en ningún inmueble de estas características de Málaga. Por ello pidieron que el PP y el PSOE consensuen una moción para presentarla al Parlamento de Andalucía a través de la cual pretenden realizar cambios en la legislación y que ésta se adapte a la "realidad". Una iniciativa que la presidenta pretende que sea llevada a cabo por los representantes políticos, aunque aseguró que están dispuestos a elaborarla ellos mismos "a nivel andaluz o si es necesario a nivel nacional".

Paralelamente, Vázquez anunció que el problema de las viviendas irregulares afecta a toda la provincia puesto que no hay ningún diseminado que se adapte a la normativa. Asimismo, anunció que el próximo día 28 el grupo mantendrá una reunión con representantes de la Junta para instarles a que elaboren esta moción. Con respecto al caso de Mijas, el abogado de la ARV, Ramón Santandreu, calificó la actitud del Ayuntamiento como "beligerante", al asegurar que lo único que hace "es abrir expedientes, poner multas y amenazar con demoliciones". Al respecto, Vázquez indicó que en tres años sólo se han inventariado un 5% de los inmuebles de este tipo. Desde el Consistorio se informó que se ha trabajado en distintas iniciativas para regularizar la situación, como es el caso de la realización de un informe general de la situación en el municipio, una tarea que ya ha sido completada, o un estudio pormenorizado de cada uno de las expedientes en el que se tiene en cuenta, por ejemplo, los tipos de edificaciones.

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