El presidente de GENA, Rafael Yus, ha explicado que la decisión de la Junta es contraria a la legislación vigente y deja a la comunidad autónoma "en una situación muy peligrosa"
05.03.11 - 21:18 -
EFE | VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)
El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA-Ecologistas en Acción ha advertido hoy sobre las graves consecuencias del decreto de amnistía urbanística anunciado por la Junta para regularizar más de 11.000 viviendas en suelo no urbanizable de la Axarquía.
El presidente de GENA, Rafael Yus, ha explicado en un comunicado que la decisión de la Junta es contraria a la legislación vigente y deja a la comunidad autónoma "en una situación muy peligrosa para los actos delictivos relacionados con la ordenación del territorio".
Según Yus, el decreto de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda colisiona con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en varios aspectos, como la exigencia del uso agrícola, ganadero o forestal para justificar una casa en suelo rústico o las normas que establece esta legislación para evitar que se formen "nuevos asentamientos urbanos".
Asimismo, los ecologistas consideran que el Gobierno andaluz se apoya en las consideraciones del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía para señalar que un grupo de viviendas de las inventariadas no puede ser legalizado, al estar en zonas de especial protección.
"Sin embargo se olvidan de esas protecciones paisajísticas en la mayor parte de viviendas que se han inventariado como urbanizables", ha añadido Yus, que ha asegurado que con el decreto de la Junta, se creará "un precedente insoslayable, que hará difícil o imposible actuar sobre el urbanismo salvaje".
"Cualquier persona podrá hacerse una vivienda, con o sin licencia municipal, porque al final, será legalizada, y por la misma razón, no habrá impedimento alguno para que algunas inmobiliarias o incluso los propios ayuntamientos, programen urbanizaciones de baja densidad en el campo para lucrarse y financiarse", ha dicho el presidente de GENA.
Yus también ha lamentado que la Consejería no haya aclarado si se van a demoler las viviendas que no pueden ser legalizadas y ha precisado que "nadie se cree que algún ayuntamiento vaya a tener la osadía de echar una casa abajo con el coste electoral que ello supone".
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