El anuncio de la consejera de Obras Públicas se produce a dos meses de las elecciones municipales y tras la presión ejercida en los últimos años por alcaldes y propietarios de la comarca malagueña.
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 05.03.2011 - 09:27La presión que en los últimos años han ejercido los alcaldes de los municipios de la Axarquía y cientos de propietarios de viviendas construidas sobre suelo no urbanizable ha acabado por tener sus efectos. La consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, informó ayer, a dos meses de las elecciones locales, de la aprobación en los próximos meses (entre 3 y 6 meses) de un decreto autonómico que vendrá a poner luz al caos urbanístico de ésta y otras zonas de la región, marcadas por el levantamiento de casas sobre terrenos no autorizados. La vía impulsada por el Gobierno andaluz dará cobijo, según los datos aportados por Cruz, a unas 11.000 edificaciones levantadas de forma irregular en 22 municipios axárquicos, cuyos dueños podrán tramitar su regulación.
Esta cifra es resultado del trabajo que desde hace meses ha venido realizado la Administración regional para inventariar cuántas construcciones hay dispersas en suelo rústico en estos 22 pueblos. El cómputo global de edificaciones, precisó la consejera, es superior, y alcanza las 12.760, aunque este dígito no se corresponde con la totalidad de construcciones ilegales de la comarca, dado que los inventarios no incluyen los casos de siete localidades: Torrox, Nerja y Vélez, por ser municipios de más de 5.000 habitantes; La Viñuela y Alcaucín, por "su situación penal algo compleja", y Árchez y Canillas de Aceituno, porque declinaron participar en la iniciativa.
La diferencia entre las viviendas que podrán acogerse al proceso de normalización y las que no viene marcado por la existencia de 859 casas asentadas sobre espacios protegidos y sobre las que pende la amenaza de la demolición, y de 976 que han sido construidas de forma ilegal pero sin que hayan caducado aún las irregularidades. Respecto a la posible demolición de las viviendas en suelo protegido, la consejera expuso que deben ser los ayuntamientos los que "vayan reconociendo la realidad de estas viviendas y los que tomen las decisiones necesarias".
Cruz rechazó que la medida adoptada por la Junta pueda suponer una "amnistía" para las miles de viviendas ejecutadas al margen de la ley. "Lo que hacemos es buscar el reconocimiento de esa realidad", dijo, al tiempo que subrayó la necesidad de ser "contundentes" para evitar que este fenómeno se siga produciendo. A este respecto, preguntada por cómo puede controlarse esta situación ante la escasez de medios de los ayuntamientos y la reducida plantilla de inspectores de la Junta, la consejera se limitó a decir: "Si hay voluntad de los ayuntamientos y de la Junta para frenar estos procesos, se frenará".
¿Pero cómo se procederá a la normalización de estas 11.000 viviendas? La consejera explicó que tras la aprobación del decreto, que admitió "todavía no está en mi mesa", el propietario del inmueble fuera de ordenación tendrá que solicitar su legalización, presentando un proyecto de actuación al ayuntamiento correspondiente. Éste, a su vez, solicitará los informes preceptivos para, finalmente, conceder la licencia de ocupación.
En cuanto a las edificaciones en régimen asimilado al fuera de ordenación -aquellas que han sido ilegales en su origen, pero cuya ilegalidad ha prescrito tras pasar más de cuatro años sin estar afectadas por ningún expediente-, el propietario demandará al Consistorio el reconocimiento de su situación y la Administración local determinará los servicios básicos, preferentemente mediante autoabastecimiento, para adecuar la construcción al uso al que se destina.
Cruz dejó claro que la dotación de esas infraestructuras deberá ser siempre sin coste para la Administración, ya que, como dijo, "los propietarios de viviendas irregulares no contribuyen, como sí lo hacen los vecinos de casas legalmente construidas, a la urbanización, las infraestructuras y los equipamientos del sector". Incluso, aludió a la posibilidad de que los ayuntamientos fijen una especie de tasa económica a esos propietarios.
Estos inventarios, los nuevos planeamientos urbanísticos y el mencionado decreto, darán, a juicio de la responsable autonómica, "seguridad jurídica a los ayuntamientos para sus actuaciones y garantía a la mayor parte de las personas para el reconocimiento de sus viviendas, dotándolas de los servicios mínimos". Aludió a que ello puede permitir que no haya más alcaldes afectados por procesos judiciales vinculados a estos supuestos. Sin embargo, sí aclaró que los procesos ya abiertos "seguirán su desarrollo y corresponderá a los tribunales dictar sentencia".
Los municipios a los que se entregó ayer la documentación son Almáchar, Arenas, Comares, Iznate, Moclinejo, Alfarnate, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Alfarnatejo, Algarrobo, Benamocarra, Colmenar, Frigiliana, Periana, Sayalonga y Riogordo.
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