El PSOE de Marbella quiere que el Ayuntamiento de la ciudad dé mayor protección a los «compradores de buena fe» que se encuentran ahora con una vivienda irregular. Por ello, han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se apruebe la retirada de las cargas de estas viviendas en el Registro de la Propiedad, de modo que estos inmuebles puedan venderse, servir de aval o solicitarse hipotecas sobre ellos.
El candidato del PSOE a la Alcaldía, José Bernal, y la portavoz del grupo municipal socialista, Susana Radío, explicaron que la moción exigirá que se reconozca «la negligencia del Ayuntamiento en relación a las viviendas irregulares y para proteger a los terceros».
Bernal declaró que exigirá que el Ayuntamiento «coordine a estos compradores para que se persiga a los promotores que están obligados a dar compensaciones poniendo los medios necesarios para ello, tal y como le obliga la Ley de Bases de Régimen Local». En este sentido, apuntó que lo que se pretende es que en lo sucesivo «no se actúe como lo viene haciendo el PP, que exige a los terceros que primero paguen y luego reclamen por su cuenta a los promotores».
«Con la aprobación de esta moción se impedirá que el PP siga coartando a los ciudadanos al exigirles el pago de fuertes sumas de dinero para obtener licencias de primera ocupación que nunca debió negárseles, de haberse cumplido la Ley», declaró Bernal.
Por su parte, la portavoz municipal Susana Radío, acusó a la alcaldesa, Ángeles Muñoz de «mentir a los ciudadanos, no solo durante la campaña electoral cuando aseguró a los compradores de buena fe que no tendría que abonar compensaciones, sino también cuando les envío una carta en la que hacía expreso este compromiso».
Petición a la Junta
La respuesta a estas críticas desde las filas del PP la ofreció ayer el delegado municipal de Urbanismo, Pablo Moro, instando al PSOE a que «le pida a la Junta de Andalucía que proteja a estos compradores, ya que fue precisamente la administración autonómica la que desde el minuto uno se mostró partidaria incluso de la demolición de hasta 5.000 viviendas». En este sentido, recordó que «debido al esfuerzo y el tesón del equipo de gobierno municipal se ha logrado la regularización de 16.500 viviendas en el PGOU para que los compradores de buena fe no fueran víctimas».
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