El 'caso Piscinas', primera polémica en la que se vio envuelto el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, tuvo ayer eco en los juzgados. Uno de los empresarios de la UTE a la que el Ayuntamiento de Málaga adjudicó la construcción y gestión de la piscina municipal de Puerto de la Torre; los ediles del PSOE Luis Navajas y María del Carmen Sánchez, y un extrabajador de esta instalación ratificaron ante la jueza las declaraciones sobre presuntas irregularidades en la concesión.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga abrió una investigación por la posible comisión de un delito de cohecho en relación con la concesión de esta piscina, a raíz de las diligencias remitidas por la Fiscalía malagueña, donde se denunciaron inicialmente los hechos.
Así, el empresario Antonio López se ha ratificado en las manifestaciones realizadas ante un fiscal el pasado 22 de noviembre, en las que explicó la forma en la que se constituyó la UTE, de la que, posteriormente, se retiró, con el fin de concursar en la concesión, aludiendo a presuntas irregularidades.
Denuncia de la oposición
La oposición ha denunciado en numerosas ocasiones el incumplimiento reiterado del pliego de condiciones y la quejas por parte de los empleados y proveedores por el impago de determinadas cantidades. A raíz de estas diligencias se cuestionó al concejal de Urbanismo.
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