La Junta de Andalucía da el visto bueno a las últimas correcciones de un documento que el Ayuntamiento prevé que esté en vigor en un mes
La tramitación del documento se inició hace siete años y ha estado marcada por la polémica y el enfrentamiento institucional. :: SUR
Casi siete años después de iniciar su tramitación y tras recorrer un difícil camino, Málaga tendrá en los próximos días un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento salvó ayer su último escollo después de que la Junta de Andalucía diera su visto bueno definitivo. El Ayuntamiento anunció inmediatamente la convocatoria para la próxima semana de un pleno extraordinario que dé luz verde al texto y posibilite su entrada en vigor para el mes de agosto.
Los técnicos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y los de la Gerencia Municipal de Urbanismo -la delegación malagueña estuvo encabezada por el gerente de la GMU, Javier Gutiérrez Sordo, y su adjunto, José Cardador- se reunieron en Sevilla para analizar los últimos flecos. A principios de este mes la Junta de Andalucía envió al Ayuntamiento de Málaga un informe en el que se detallaban las deficiencias técnicas detectadas en el PGOU. Defectos que aún no habían sido totalmente corregidos por el Consistorio y que hacían alusión a asuntos como la desaparición de suelos no urbanizables de protección territorial en algunos planos, la consideración de la zona de encauzamiento del río Campanillas como suelo urbanizable o que el plano del Campamento Benítez no hubiese sido corregido.
El Gobierno regional dio el visto bueno tras escuchar las justificaciones de los técnicos municipales. La inmensa mayoría de los defectos fueron argumentados ya que las objeciones eran «intrascendentes» y solo una pequeña parte de los reparos tuvieron que ser cambiados, según informaron fuentes consultadas.
Satisfacción
Una vez solventados estos últimos trámites, los responsables políticos mostraron su satisfacción. La delegada de la Junta en Málaga, Remedios Martel, afirmó que el Ejecutivo andaluz ha buscado el acuerdo «desde el primer momento» y que ha trabajado para ello.
«Para nosotros era una prioridad el PGOU por la seguridad jurídica que ofrece a la ciudad, porque es la herramienta básica del diseño del modelo de ciudad y porque es un elemento para garantizar inversiones», subrayó ayer por la tarde Martel. Ésta ratificó lo que había anunciado por la mañana tras la reunión bilateral que mantuvo con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y es que en el momento en que el documento sea aprobado por el Ayuntamiento en 48 horas lo remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su publicación y, en consecuencia, su entrada en vigor.
Por su parte, el concejal no electo de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, valoró el desbloqueo del PGOU y anunció que la semana que viene se llevará a un pleno extraordinario para agilizar su entrada en vigor. «De este modo, Málaga dispondrá al fin, aunque con dos años de incomprensibles retraso en plena crisis, de una herramienta que activará la economía local y generará empleo», aseguró.
Crítica
Una crítica al hecho de que en julio de 2009 la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Cotua) de la Junta de Andalucía devolviese en su totalidad al Ayuntamiento el documento del PGOU para corregir las deficiencias detectadas en el mismo y que, además de en cuestiones menores de modificación de términos o nombres, afectaba a algunos de los grandes proyectos impulsados por el equipo de gobierno del PP. En aquella ocasión, el Consistorio peleó para que se diera un visto bueno parcial a aquellas partes del texto que cumpliesen la legalidad y así entrara en vigor y el resto se dejara en suspenso hasta su resolución. El Gobierno autonómico se negó en base a una sentencia del TSJA.
No sin cierta decepción el Ayuntamiento se tuvo que resignar en el que fue un episodio más del clima de enfrentamiento institucional entre el Consistorio y la Junta durante la tramitación del PGOU a cuenta del contenido del documento que planifica la ciudad de las próximas dos décadas. Un plan que llega cargado de suelos para nuevas viviendas (73.618, de las que un 30% -22.184- serán de protección oficial) y de proyectos para la capital de la Costa del Sol.
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