Varios arquitectos que intervinieron en proyectos urbanísticos investigados en el caso 'Troya', sobre la presunta corrupción urbanística en Alhaurín el Grande, declararon ayer que no les consta ni tuvieron conocimiento de que el Ayuntamiento de dicha localidad solicitara dinero vinculado a la concesión de licencias de obra.
Varios de los testigos, que declararon en el juicio que se sigue en la Audiencia de Málaga, coincidieron en señalar que los proyectos se ubicaban en suelo urbano consolidado y en que la normativa de aplicación directa era la ordenanza de manzana cerrada, que la cumplían.
Así, uno de los arquitectos, que fue presidente del Colegio Oficial de Jaén, dijo que la legislación de aplicación general en el municipio era el PGOU de 1994, aunque luego se tuvo conocimiento de que no estaba vigente, porque no estaba totalmente publicado.
Este testigo manifestó que el Colegio de Arquitectos «si el documento que se presenta no está acorde con la legalidad vigente no le da traslado» ni lo visa, al tiempo que defendió las normas subsidiarias complementarias provinciales del año 1975 y la adecuación de proyectos a esta legislación urbanística.
También declaró uno de los socios de un estudio de arquitectura, quien aseguró que no han tenido «nunca» constancia de que «se haya pedido nada por parte del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande para nada, y menos para hacer obras».
Este último testigo llegó a cuestionar la credibilidad del empresario que denunció los hechos y que dio origen a esta causa judicial de supuesta corrupción .
Así, negó que esta persona le dijera que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se pedía comisión por resoluciones urbanísticas y aludió a un «afán de perjudicar» tanto al alcalde, Juan Martín Serón, como al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos acusados en esta causa: «No sé por qué motivos, me imagino que personales», agregó.
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