Bancos extranjeros les proponían hipotecar sus casas e invertir el dinero en paraísos fiscales para eludir a Hacienda
09.11.2011 -
El abogado, Antonio Flores, junto a una representación de afectados por la estafa en la Costa del Sol. :: JOSELE-LANZA
Evan Armstrong es inglés, tiene 74 años y la Costa del Sol es su lugar de residencia desde hace mucho tiempo. «Mi única vinculación con mi país es el pasaporte», comenta. A su edad, está a punto de perder la vivienda en la que invirtió los ahorros de toda una vida cuando decidió establecerse en España. Ha tenido que ponerse a trabajar para poder pagar la deuda contraída por una estafa de la que se estima puede haber entre 700 y 800 afectados en todo el país.
Se trata de la llamada hipoteca inversa extranjera, un producto que nada tiene que ver con la hipoteca inversa que se comercializa en España. «En este caso se trataba de algo especulativo. De una trama que invitaba al pensionista extranjero a defraudar a Hacienda», explicó Antonio Flores, letrado del despacho de abogados Lawbird Legal Service que representa a una veintena de afectados en la Costa del Sol que han decidido denunciar.
La trama la encabezaban bancos y agentes financieros extranjeros, casi todos de Dinamarca, que durante algunos años han estado trabajando en nuestro país. Muchos de ellos, según el letrado, sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su objetivo era captar grandes cantidades de dinero que luego se invertían en paraísos fiscales como Luxemburgo o Islas del Canal. Las víctimas eran jubilados extranjeros establecidos en el litoral español y las islas -desde la Costa del Sol a la Costa Blanca, Baleares o Canarias- a los que se ofrecía la posibilidad de hipotecar sus viviendas por encima del valor de tasación e invertir el dinero fuera de España, principalmente en Luxemburgo, para obtener un jugoso beneficio que les permitiera no solo cubrir gastos sino disponer de un cómodo colchón económico para vivir.
Fraude fiscal
La excusa para vender este ficticio producto era el «supuesto abuso de la Agencia Tributaria española». «Se les mandaban folletos en los que se les informaba de que sus residencias estaban en peligro si no trababan una hipoteca, ya que en caso contrario tendrían que pagar a Hacienda entre el 70 y el 80% en impuesto de sucesiones», explicó el abogado. Los ahora afectados no pudieron en duda esta afirmación. Se estima que entre los años 2004 y 2009 se cerraron unos 800 contratos. Los préstamos hipotecarios se firmaban en España, con notarios españoles. Los contratos de inversiones, en las oficinas de las que estos agentes financieros disponían en el país e incluso en las casas de los clientes, aunque se fechaban en Luxemburgo.
Según el abogado Antonio Flores, el destino de ese dinero era la compra de divisas o bonos de otros bancos. Operaciones que poco tiempo después resultaron fallidas. «No han sabido hacer las inversiones, no han podido actuar peor, y lo han perdido todo», explicó. Ahora, prácticamente arruinados, han empezado a reclamar los pagos a los clientes que se ven sin ahorros y casi con toda seguridad sin vivienda.
La plataforma de afectados en la Costa del Sol reclama a la Audiencia Nacional que deje sin efecto todos los contratos firmados.
En el caso de Evan Armstrong, le tasaron su vivienda en un millón de euros. Ha perdido el 80% de esa cantidad. Otro de los afectados, Ian Sherdley, de 69 años, ha perdido ya dos millones de los cuatro en los que le tasaron sus propiedades.
Los abogados que defienden en Marbella a parte de estos afectados sostienen que lo más preocupante de esta estafa es la «apología del fraude fiscal que defendía desde el primer momento». «Estos bancos habían editado guías específicas en las que se informaba a los jubilados extranjeros cómo podían gestionar mejor su riqueza en España», apuntaron.
Casi la totalidad de oficinas y agentes financieros implicados y que durante casi cinco años estuvieron ofreciendo en España las llamada 'hipotecas depredadoras' han abandonado ya el país.
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