El equipo de gobierno destaca que los procedimientos sancionadores suponen solo un 5 % de las inspecciones realizadas
09.11.2011 -
El panorama es diametralmente opuesto al de hace apenas seis años. Antes, cuando se hablaba en Marbella de una obra ilegal, se estaba poniendo el adjetivo a una hilera de chalés de dimensiones descomunales o a un bloque de pisos revestidos de mármol reluciente que ignoraban a las claras las reglas del juego urbanístico. Ahora, cuando los inspectores levantan un acta es porque algún vecino quiere estirar una licencia, construyendo más de la cuenta, o porque pone los ladrillos directamente sin tener autorización.
Aunque cada vez son menos los que deciden bordear la ley, como ayer mismo destacó el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, en lo que va de año el cuerpo de inspectores dependiente de esta área municipal abrió un total de 159 procesos sancionadores, en la mayoría de los casos por exceso de edificación o por vulnerar la separación a linderos. De ellos, 101 obligan a la legalización de los trabajos, independientemente de la cuantía de la multa. Los 58 restantes, dan la orden de reponer la realidad física alterada. Esto es, de demoler total o parcialmente, ya que no cabe posibilidad de legalización, según matizó el edil.
«Los procedimientos de demoliciones pueden demorarse seis meses e incluso años por los recursos», abundó el responsable de Urbanismo, que remarcó con todo que en algunos casos de trata únicamente de muros o pequeñas construcciones. Además, Moro quiso poner el acento en que los cerca de 160 procesos sancionadores solo representan el 5 por ciento de las inspecciones de los cinco funcionarios que desempeñan esta labor, que desde enero realizaron 3.859 visitas para supervisar obras. «Lo que queremos es hacer un trabajo preventivo y que las sanciones se reduzcan a cero. Los datos ya demuestran que hay un avance y que hay concienciación de que no todo vale», valoró.
El delegado de Urbanismo hizo balance del trabajo del área de inspección tras informar de la aprobación en Junta Local de Gobierno del proyecto de Reglamento de Instrucción Técnica Urbanística. Según explicó el edil del ramo, servirá para actualizar los criterios de cálculo para la tasa por licencia de obras y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) conforme a las tablas que emite el Colegio de Arquitectos de Málaga. «Permitirá unas cuantías más ajustadas a la realidad, una actualización constante y la unificación de los criterios técnicos y mayores garantías en el procedimiento», dijo, aunque no supo precisar si supondrá una rebaja ni en qué medida.
Modernización
Moro, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el portavoz municipal, Félix Romero, destacó que la nueva normativa se enmarca en la modernización de la gestión urbanística, en la que incluyó la implantación de la administración electrónica, los sistemas de fotografía aérea para el control de las infracciones y la reducción a dos meses del plazo para la concesión de licencias o a quince días para las de menor cuantía. «Todas las iniciativas que ha llevado a cabo el gobierno local en los últimos años han llevado al Ayuntamiento a convertirse en ejemplo de legalidad urbanística», añadió.
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