Los adjudicatarios podrán rechazar una VPO si no logran hipoteca (La Opinión)

La Junta cambia el reglamento que regula la bolsa de demandantes de viviendas protegidas, que en la capital agrupa a 5.000 personas

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MIGUEL FERRARY Los aspirantes a una VPO podrán renunciar sin penalización a la vivienda adjudicada si no consiguen que un banco les conceda una hipoteca. Esta es una de las principales novedades que se incluyen en la reforma del nuevo reglamento de los registros públicos de demandantes de vivienda protegida y que se adecua así a las restricciones crediticias que aplican los bancos.

Esta novedad considera que la renuncia a una adjudicación es por causas «económicas o sobrevenidas», por lo que se elimina la penalización que existía sobre el solicitante, que ya no pierde los derechos para aspirar a adquirir una VPO.

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, señaló la «falta de financiación hipotecaria para obtener el préstamo». No obstante, también se incluye entre las excepciones que el solicitante se quede en paro durante el proceso o el inmueble no se ajuste a sus circunstancias familiares.

El nuevo reglamento, que fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, concede las competencias para la concesión a los ayuntamientos de las calificaciones provisionales y definitivas de las VPO, cuando hasta ahora era competencia de la Consejería de Obras Públicas. Esto permitirá acelerar los trámites para disponer de las viviendas protegidas, simplificando el proceso.

Además, se establecen criterios para «simplificar la tramitación para obtener una vivienda protegida», como apuntó Josefina Cruz, quien recalcó que ahora «las personas que vivan en una VPO en régimen de infravivienda podrán acceder al registro de demandantes y optar a una VPO nueva». Igual pasará con los propietarios de una vivienda protegida que necesite más espacio por ampliación de la familia o discapacidad de algún miembro.

Estas mejoras beneficiarán directamente a los 5.000 inscritos en el registro de demandantes del Ayuntamiento de Málaga, que está en funcionamiento desde mayo de 2010. Este registro de demandantes es la base utilizada por el IMV para los sorteos de las VPO que se construyen en la capital, tanto por iniciativa pública como privada.