El secretario de Estado de Medio Ambiente visitará mañana la provincia para entrevistarse con representantes del sector
LUCAS MARTÍN No formaba parte de los objetivos anunciados en la campaña del PP, pero el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Ángel Arias Cañete, lo ha convertido en uno de sus objetivos prioritarios. La futura modificación de la Ley de Costas, a pesar de los plazos que exigen las Cortes, parecía cada día más cerca. El Gobierno ya ha anunciado que quiere una reforma profunda, capaz de coaligar los intereses medioambientales con los económicos. En Málaga, eso es sinónimo de modificación de las reglas del juego de los chiringuitos, algo que el ministro no parece dispuesto a dejar al arbitrio de la interpretación legislativa: el viernes, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, se reunirá con los empresarios en la Costa del Sol para precipitar la solución, que será la prorrogación de las licencias de actividad.
La idea del Ministerio es zanjar los problemas del sector en el menor tiempo posible. El presidente del PP, Javier Arenas, ya avanzó que la administración quiere acabar cuanto antes con la indeterminación jurídica que persigue a los establecimientos desde que las competencias del litoral pasaron a Medio Ambiente y se endureció la lectura de la Ley de Costas, que no permite, salvo excepciones muy específicas, la presencia de ninguna construcción en los trescientos metros inmediatamente posteriores a la orilla.
Arias Cañete volvió ayer a dejar clara su intención al respecto. Lo que muchos ven como un mensaje alentador para el sector– el compromiso de que el medioambiente no frenará la actividad económica–empieza a cobrar forma con la reunión del viernes del secretario del Estado y con el propio objetivo expresado por el Ministerio, que estudia cómo prolongar las concesiones y autorizar nuevos usos del litoral. Resta saber cómo se afinará el complicado puzzle que contiene la solución para los chiringuitos, especialmente después de que el pasado 1 de abril, con el gabinete de Zapatero todavía en el Gobierno, se procediera al traspaso de las competencias a la Junta de Andalucía.
El problema, en este punto, se presume menos farragoso de lo habitual en las disputas entre instituciones de diferente signo político. Tanto la Junta como el equipo de Rajoy siempre se han manifestado partidarios de recomponer la estabilidad jurídica en el sector. Además, la última palabra sigue perteneciendo a Costas, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El secretario de Estado de Medio Ambiente visitará la provincia para entrevistarse específicamente con los empresarios de los chiringuitos, según confirmaron fuentes del propio Ministerio a este periódico. El encuentro se presume en una primera toma de contacto para buscar la fórmula que facilite la concesión definitiva de las licencias pendientes de revisión.
La modificación de la Ley de Costas, no obstante, se antoja compleja por la oposición de los grupos políticos de izquierda y las asociaciones ecologistas, que ven en las intenciones del ministro una estrategia potencialmente peligrosa para la continuidad del medio ambiente.
Un conflicto en plena moratoria. El conflicto con la ubicación de los chiringuitos se enquistó a partir del traspaso de las competencias que regula la Ley de Costas al extinto Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Fue justamente en ese momento, según el sector, cuando empezó a aplicarse la normativa de manera más estricta e interponerse sanciones económicas para los establecimientos que no cumplían con los requisitos legislativos, que no permiten operar a menos de trescientos metros de la línea marítima.
Muchos chiringuitos perdieron su licencia, y otros con autorización firmada con la ley en vigor, que data de 1988, vieron cómo penetraban en una zona de ilegalidad de manera súbita. A la demarcación de Costas le tocó lidiar en la controversia, que llegó a despertar una gran movilización social en el año 2009. Fruto de la negociación del departamento y de su jefe provincial, Francisco José Hermoso, se logró una solución provisional; una moratoria en la aplicación de la ley que rige todavía en este momento, en el que se están estudiando las condiciones de cada establecimiento.
La idea del Ministerio es zanjar los problemas del sector en el menor tiempo posible. El presidente del PP, Javier Arenas, ya avanzó que la administración quiere acabar cuanto antes con la indeterminación jurídica que persigue a los establecimientos desde que las competencias del litoral pasaron a Medio Ambiente y se endureció la lectura de la Ley de Costas, que no permite, salvo excepciones muy específicas, la presencia de ninguna construcción en los trescientos metros inmediatamente posteriores a la orilla.
Arias Cañete volvió ayer a dejar clara su intención al respecto. Lo que muchos ven como un mensaje alentador para el sector– el compromiso de que el medioambiente no frenará la actividad económica–empieza a cobrar forma con la reunión del viernes del secretario del Estado y con el propio objetivo expresado por el Ministerio, que estudia cómo prolongar las concesiones y autorizar nuevos usos del litoral. Resta saber cómo se afinará el complicado puzzle que contiene la solución para los chiringuitos, especialmente después de que el pasado 1 de abril, con el gabinete de Zapatero todavía en el Gobierno, se procediera al traspaso de las competencias a la Junta de Andalucía.
El problema, en este punto, se presume menos farragoso de lo habitual en las disputas entre instituciones de diferente signo político. Tanto la Junta como el equipo de Rajoy siempre se han manifestado partidarios de recomponer la estabilidad jurídica en el sector. Además, la última palabra sigue perteneciendo a Costas, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El secretario de Estado de Medio Ambiente visitará la provincia para entrevistarse específicamente con los empresarios de los chiringuitos, según confirmaron fuentes del propio Ministerio a este periódico. El encuentro se presume en una primera toma de contacto para buscar la fórmula que facilite la concesión definitiva de las licencias pendientes de revisión.
La modificación de la Ley de Costas, no obstante, se antoja compleja por la oposición de los grupos políticos de izquierda y las asociaciones ecologistas, que ven en las intenciones del ministro una estrategia potencialmente peligrosa para la continuidad del medio ambiente.
Un conflicto en plena moratoria. El conflicto con la ubicación de los chiringuitos se enquistó a partir del traspaso de las competencias que regula la Ley de Costas al extinto Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Fue justamente en ese momento, según el sector, cuando empezó a aplicarse la normativa de manera más estricta e interponerse sanciones económicas para los establecimientos que no cumplían con los requisitos legislativos, que no permiten operar a menos de trescientos metros de la línea marítima.
Muchos chiringuitos perdieron su licencia, y otros con autorización firmada con la ley en vigor, que data de 1988, vieron cómo penetraban en una zona de ilegalidad de manera súbita. A la demarcación de Costas le tocó lidiar en la controversia, que llegó a despertar una gran movilización social en el año 2009. Fruto de la negociación del departamento y de su jefe provincial, Francisco José Hermoso, se logró una solución provisional; una moratoria en la aplicación de la ley que rige todavía en este momento, en el que se están estudiando las condiciones de cada establecimiento.
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