El arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Marbella Francisco Merino aseguró en una nueva sesión del juicio del caso 'Malaya' que a partir del año 2001 su departamento técnico advertía en los informes emitidos sobre los distintos proyectos urbanísticos de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 ya había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, paso necesario para su entrada en vigor.
En la sesión de ayer comparecieron Merino y el también arquitecto en Marbella Enrique Arrabal, quienes contestaron por la mañana a las preguntas de las acusaciones sobre los problemas que había con los dos planes generales y, luego, por la tarde, a las cuestiones de las defensas.
A preguntas del Ayuntamiento marbellí, Merino aseguró que a partir de la publicación de dicho plan en noviembre de 2000 en los informes se expresaba esta circunstancia y argumentó que la intención de su departamento «era hacer expresar en nuestros informes hechos objetivos y nos constaba que era controvertido el asunto de que el plan del 86 parecía ser que no había entrado en vigor porque no había sido publicado».
«Obviamente, desde que se publicó parecía un hecho trascendente como para no decirlo, otra cosa es la interpretación que se le dé», declaró el arquitecto municipal, quien explicó que a la hora de emitir un informe sobre la licencia al proyecto básico se hacía atendiendo a los dos planeamientos, el plan en revisión y el PGOU de 1986», algo que, según ratificó, «fue una decisión política».
Convenios urbanísticos
En cuanto a los convenios, ratificó que por regla general había un acuerdo de este tipo previamente a la concesión de la licencia, que lo conveniado se incorporaba al planeamiento de revisión y que era el principal acusado, Juan Antonio Roca, el que negociaba con los promotores en este sentido, apuntando que tras la moción de censura «no hubo demasiado cambio» en la función que desarrollaba Roca.
A preguntas de la letrada del presunto cerebro de la trama de corrupción, Merino aseguró que «en cuanto a modelo territorial» el plan general aprobado en 2010 es «muy parecido» a otras propuestas. Además, ambos testigos aseguraron que Roca nunca les dio orden del sentido de los informes que tenía que hacer, no les pidió que cambiaran el sentido de esos documentos emitidos y que no les pidió que retrasaran la emisión de informes.
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