La comunidad vecinal de Montealto denunció la construcción del apartahotel investigado por la Guardia Civil y ganó el caso que fue recurrido ante el TSJA
N. ALONSO · R. G. / BENALMÁDENA | ACTUALIZADO 06.06.2012 - 01:00
"Fue desconcertante porque por esta zona no hay edificios así. Trabajaron de forma muy rápida". Así recuerda una vecina de la urbanización Montealto de Benalmádena cómo fue la construcción del apartahotel que ha suscitado la apertura de una investigación por parte de la Guardia Civil por un supuesto delito contra la ordenación del territorio. Una decena de personas, entre las que se encuentran técnicos, funcionarios del Ayuntamiento del municipio, promotores y un trabajador de la Agencia Andaluza del Agua tendrán que declarar a lo largo de esta semana para tratar de aclarar lo que sucedió hace ya casi siete años.
Los vecinos de la zona, una gran urbanización de chalets ubicada en el núcleo de Arroyo de la Miel, no se muestran sorprendidos por esta investigación. De hecho, un portavoz de la comunidad vecinal explicó a este periódico que lo que sí causó sorpresa en su día fue la construcción de este edificio, el cual alberga unos 80 apartamentos y está ubicado en la avenida del Pacífico. "Un señor era dueño del terreno donde se ubica y decidió venderlo. Cuando se empezó a edificar nos interesamos por el tema, por lo que fuimos al Ayuntamiento a buscar información", contó el representante.
Así, los vecinos descubrieron que se iba a crear este complejo de pequeños apartamentos que está justo al lado del arroyo Veracruz, por lo que se investiga si el inmueble ha ocupado parte de la zona de servidumbre de este cauce. "Si no recuerdo mal había un informe negativo del equipo técnico en el que se alertaba de que faltaban documentos y que podía incumplir la normativa al ocupar parte del arroyo. Pese a todo, se le dio licencia de obra", explicó el portavoz.
La licencia, según detallan fuentes municipales, data del año 2005, cuando el independiente Enrique Bolín gobernaba el Ayuntamiento de Benalmádena.
El malestar de la comunidad por este bloque, que rompía la estética de viviendas unifamiliares que reinaba en la urbanización, llegó a ser tal que presentó un recurso contencioso-administrativo contra el decreto municipal que daba la licencia de obra.
En junio de 2008 la justicia dio la razón a los propietarios, aunque el Ayuntamiento y la promotora decidieron apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Aún están a la espera de conocer la resolución de este organismo.
Pero el Ayuntamiento de Benalmádena también quiso aclarar algunas cuestiones. Fuentes municipales detallaron que se tiene constancia de un informe desfavorable contra este edificio, aunque el documento es posterior a la sentencia de 2008.
Asimismo, informaron que el recurso contra la sentencia que daba la razón a los vecinos se interpuso para evitar que el Consistorio tuviese que pagar una indemnización "cuantiosa" al propietario de este inmueble y para tratar de encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.
De forma paralela se decidió no otorgar la licencia de primera ocupación hasta que se resolviesen todas las cuestiones pendientes, por lo que el inmueble permanece cerrado a cal y canto. De hecho, algunas ventanas están tapiadas y se han colocado ladrillos en la entrada del parking para intentar impedir el paso.
El equipo de delitos urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil está tomando declaración desde el lunes a los hasta ahora acusados en este caso, que comenzó a investigarse hace dos años por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). La investigación se centra en esclarecer si el edificio fue levantado sobre la zona de servidumbre de un arroyo con los informes favorables tanto del Ayuntamiento del municipio -cuando Enrique Bolín era alcalde- como de la entonces Agencia Andaluza del Agua.
Las declaraciones continuarán durante toda la semana y no se descarta que se llame a nuevas personas a declarar que también podrían estar relacionadas con el caso. Será después cuando deberán prestar declaración que lleva este caso. Uno más de presunto urbanismo ilegal en la Costa.
Los vecinos de la zona, una gran urbanización de chalets ubicada en el núcleo de Arroyo de la Miel, no se muestran sorprendidos por esta investigación. De hecho, un portavoz de la comunidad vecinal explicó a este periódico que lo que sí causó sorpresa en su día fue la construcción de este edificio, el cual alberga unos 80 apartamentos y está ubicado en la avenida del Pacífico. "Un señor era dueño del terreno donde se ubica y decidió venderlo. Cuando se empezó a edificar nos interesamos por el tema, por lo que fuimos al Ayuntamiento a buscar información", contó el representante.
Así, los vecinos descubrieron que se iba a crear este complejo de pequeños apartamentos que está justo al lado del arroyo Veracruz, por lo que se investiga si el inmueble ha ocupado parte de la zona de servidumbre de este cauce. "Si no recuerdo mal había un informe negativo del equipo técnico en el que se alertaba de que faltaban documentos y que podía incumplir la normativa al ocupar parte del arroyo. Pese a todo, se le dio licencia de obra", explicó el portavoz.
La licencia, según detallan fuentes municipales, data del año 2005, cuando el independiente Enrique Bolín gobernaba el Ayuntamiento de Benalmádena.
El malestar de la comunidad por este bloque, que rompía la estética de viviendas unifamiliares que reinaba en la urbanización, llegó a ser tal que presentó un recurso contencioso-administrativo contra el decreto municipal que daba la licencia de obra.
En junio de 2008 la justicia dio la razón a los propietarios, aunque el Ayuntamiento y la promotora decidieron apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Aún están a la espera de conocer la resolución de este organismo.
Pero el Ayuntamiento de Benalmádena también quiso aclarar algunas cuestiones. Fuentes municipales detallaron que se tiene constancia de un informe desfavorable contra este edificio, aunque el documento es posterior a la sentencia de 2008.
Asimismo, informaron que el recurso contra la sentencia que daba la razón a los vecinos se interpuso para evitar que el Consistorio tuviese que pagar una indemnización "cuantiosa" al propietario de este inmueble y para tratar de encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.
De forma paralela se decidió no otorgar la licencia de primera ocupación hasta que se resolviesen todas las cuestiones pendientes, por lo que el inmueble permanece cerrado a cal y canto. De hecho, algunas ventanas están tapiadas y se han colocado ladrillos en la entrada del parking para intentar impedir el paso.
El equipo de delitos urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil está tomando declaración desde el lunes a los hasta ahora acusados en este caso, que comenzó a investigarse hace dos años por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). La investigación se centra en esclarecer si el edificio fue levantado sobre la zona de servidumbre de un arroyo con los informes favorables tanto del Ayuntamiento del municipio -cuando Enrique Bolín era alcalde- como de la entonces Agencia Andaluza del Agua.
Las declaraciones continuarán durante toda la semana y no se descarta que se llame a nuevas personas a declarar que también podrían estar relacionadas con el caso. Será después cuando deberán prestar declaración que lleva este caso. Uno más de presunto urbanismo ilegal en la Costa.
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