La oficina del Defensor del Ciudadano solo ha recibido nueve quejas sobre acoso a inquilinos de renta antigua en el último año frente a las decenas de 2005
ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 06.06.2012 - 01:00
Los asustaviejas, es decir, esos promotores inmobiliarios que acosaban a personas mayores que residían en viviendas de renta antigua para intentar que éstas dejaran los inmuebles vacíos y poder levantar nuevos edificios a precios más caros, prácticamente han desaparecido por la crisis del sector. Así lo aseguró ayer Francisco Gutiérrez, defensor del Ciudadano de la Diputación, quien subrayó que apenas han cursado nueve expedientes sobre esta materia en el último año -de abril a abril- frente a las decenas de casos que ocurrían en 2005 ó 2006, los años de auge del sector y donde este tipo de acoso estaba a la orden del día. De hecho, esta oficina había tramitado más de 80 casos desde 2005.
Gutiérrez destacó que algunos de esos promotores han quebrado y otros, ante la imposibilidad de obtener financiación y vender pisos, han dejado aparcados estos temas hasta que resurja el sector. En otros casos, las entidades bancarias se han quedado con los inmuebles y éstas siguen cobrando el alquiler a los inquilinos antes que acometer nuevos proyectos. "Ahora no es rentable económicamente desalojar un bloque para hacer viviendas nuevas porque no se venden", apuntó.
El defensor del Ciudadano presentó ayer el balance del último ejercicio en el que se señala que ha aumentado un 15% el número de actuaciones realizadas en comparación con el año anterior. Entre abril de 2011 y abril de 2012 se han abierto 2.356 expedientes, se han mantenido 3.081 conversaciones telefónicas y se han hecho 611 entrevistas con distintos colectivos.
Este organismo tiene competencia para tramitar las quejas ante las Administraciones Públicas y el mayor número de reclamaciones (1.065) se produjeron por fallos en el servicio de atención al público o en los procedimientos administrativos. En ocasiones, principalmente en los ayuntamientos pequeños, esas quejas vienen por los retrasos a la hora de conceder documentación a los ciudadanos. Gutiérrez indicó que hoy en día "hay medios técnicos suficientes para que una administración pueda solventar una petición en 72 horas y si no se hace es porque no se quiere o porque no hay creada una dinámica para ello. Muchas veces hay que pasar por tantos filtros que los papeles se eternizan".
Negociar con los bancos sobre embargos inmobiliarios no es su competencia pero esta oficina hace labores de mediación. Desde noviembre ya han realizado 25 actuaciones con escaso éxito hasta el momento. El defensor reclama a las entidades financieras que éstas se queden con las casas embargadas pero que, antes de desahuciar a las familias, permitan que éstas abonen durante dos años un alquiler con opción a compra, dando así tiempo a que estos ciudadanos -habitualmente personas que llevaban una vida normal pero que se han quedado en el paro y no pueden hacer frente temporalmente a sus pagos- puedan recuperarse. La otra opción es alargar aún más el plazo de la hipoteca para que la cuota mensual sea más baja, pero los bancos están desechando esta posibilidad.
Gutiérrez destacó que algunos de esos promotores han quebrado y otros, ante la imposibilidad de obtener financiación y vender pisos, han dejado aparcados estos temas hasta que resurja el sector. En otros casos, las entidades bancarias se han quedado con los inmuebles y éstas siguen cobrando el alquiler a los inquilinos antes que acometer nuevos proyectos. "Ahora no es rentable económicamente desalojar un bloque para hacer viviendas nuevas porque no se venden", apuntó.
El defensor del Ciudadano presentó ayer el balance del último ejercicio en el que se señala que ha aumentado un 15% el número de actuaciones realizadas en comparación con el año anterior. Entre abril de 2011 y abril de 2012 se han abierto 2.356 expedientes, se han mantenido 3.081 conversaciones telefónicas y se han hecho 611 entrevistas con distintos colectivos.
Este organismo tiene competencia para tramitar las quejas ante las Administraciones Públicas y el mayor número de reclamaciones (1.065) se produjeron por fallos en el servicio de atención al público o en los procedimientos administrativos. En ocasiones, principalmente en los ayuntamientos pequeños, esas quejas vienen por los retrasos a la hora de conceder documentación a los ciudadanos. Gutiérrez indicó que hoy en día "hay medios técnicos suficientes para que una administración pueda solventar una petición en 72 horas y si no se hace es porque no se quiere o porque no hay creada una dinámica para ello. Muchas veces hay que pasar por tantos filtros que los papeles se eternizan".
Negociar con los bancos sobre embargos inmobiliarios no es su competencia pero esta oficina hace labores de mediación. Desde noviembre ya han realizado 25 actuaciones con escaso éxito hasta el momento. El defensor reclama a las entidades financieras que éstas se queden con las casas embargadas pero que, antes de desahuciar a las familias, permitan que éstas abonen durante dos años un alquiler con opción a compra, dando así tiempo a que estos ciudadanos -habitualmente personas que llevaban una vida normal pero que se han quedado en el paro y no pueden hacer frente temporalmente a sus pagos- puedan recuperarse. La otra opción es alargar aún más el plazo de la hipoteca para que la cuota mensual sea más baja, pero los bancos están desechando esta posibilidad.
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