Los 'inquilinos', que superan la treintena, dicen actuar de buena fe y plantean llegar a un acuerdo económico para legalizar su situación
07.06.2012 -
En el edificio se respira rutina, normalidad, nadie se oculta. Las mujeres hablan en la puerta y cuidan a sus bebés mientras los hombres caminan de arriba para abajo por el barrio de la Trinidad como si nada pasara. Una quincena de chiquillos corretean a sus anchas por los pasillos y las escaleras con la sensación de que, por fin, no van a volver a los portales o a la calle, al menos en un tiempo. Y sus padres están dispuestos a que así sea, aunque saben que han cometido una ilegalidad en toda regla.
Siete familias gitanas han ocupado un bloque sin estrenar de la calle Carboneros, que perteneciente a un propietario privado, se ha convertido en la vivienda digna que reclamaba la familia Vázquez. Entre mayores y niños son más de 30 y piden a las instituciones «humanidad». «No somos salvajes ni gentuza, solo queremos un techo para nuestros hijos», afirma Bernardo Vázquez, que lleva la voz cantante entre los nuevos inquilinos.
Según afirman, el inmueble de dos plantas con viviendas dúplex está terminado desde 2006 y vacío desde entonces. «Éramos 15 en un piso de dos habitaciones, así es imposible vivir», dice señalando a una de su nuera que acaba de dar a luz. Otro de sus hijos con apenas 30 años ya es padre de tres niños y cuenta como ha participado sin éxito en varios sorteos de viviendas sociales. «A nosotros nunca nos tocan con la falta que nos hace y luego se las dan a inmigrantes, ¿Es que no tenemos derechos?», se queja José Vázquez.
Y es que al igual que su hermano, Dori, confía en que estos argumentos le valgan para quedarse en las viviendas e incluso legalizar su situación. «Entendemos al propietario de los pisos si nos denuncia, pero nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con él y fijar una mensualidad asequible para quedarnos aquí. De hecho, llevamos tiempo intentando localizarlo», recalca la joven, que el pasado martes entregó un documento reconociendo la ocupación ilegal a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
«Vamos con buena fe. El motivo de ocupar estas casas es la necesidad. Antes era un refugio de indigentes y drogadictos que destruyeron interruptores, puertas, calentadores y todo lo que valía dinero, solo querían el edificio para pincharse y vender droga, por eso les echamos», explica Dori.
La familia Vázquez considera que ahora las viviendas tienen el uso por el que se construyeron, aunque eso signifique estar al margen de la ley. «Prácticamente le hemos hecho un favor al propietario. Nosotros no destrozaremos nada, al contrario, las hemos limpiado de cristales y basura, se han pintado y ahora parecen un hogar. Aquí somos felices», destacan.
Echaron a otros 'okupas
Antes, algunos de los hermanos vivieron en La Palmilla y otros como la abuela, Irene Hernández, en Eugenio Gross, pero la falta de recursos le impidió seguir pagando el alquiler. «Tengo una pensión de 350 euros, no puedo pagar 300 de piso, así que me tuve que ir con mi hijo y mis nietos», relata la mujer de 84 años. Todos se dedican a la venta ambulante, «aunque ahora ni eso» lamentan. Por eso piden que les den un piso, «si no son estos, parecidos».
Por su parte, la última ocupación ilegal conocida en la Trinidad ha sentado de forma distinta entre los vecinos de la calle Carboneros, donde la mayoría conoce a la familia Vázquez. «Son gente del barrio sana, una familia trabajadora y entendemos la desesperación que les ha llevado a dar este paso. Son muchos y antes de vivir en la calle lo que sea», comenta José García.
Sin embargo, otros viven con cierta inquietud el fenómeno 'okupa' de la Trinidad en los últimos años. «Ellos saben bien donde se meten, que disfrutarán de las casas dos o tres años mientras los desaucian, la justicia es muy lenta. Así el barrio nunca levantará cabeza, ¿Quién se va comprar un piso aquí?», exponen. A día de ayer, Junta y Ayuntamiento afirmaron no conocer esta ocupación.
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