El Gobierno reconoce que echar de allí a los 'okupas' es un problema "complejo" que requiere de unas bases legales porque "la Policía no puede entrar por las buenas"
RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 07.06.2012 - 01:00
Los numerosos okupas que acampan desde hace dos años en el entorno del balneario de los Baños del Carmen no serán desalojados de momento. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, admitió ayer que "existen dificultades jurídicas" para llevar a cabo el desmantelamiento del campamento ilegal que prometió el pasado mes de abril que se haría antes de un mes y medio.
Los plazos para acabar con el asentamiento ilegal de los Baños del Carmen no se han cumplido ni parece que se vayan a cumplir a corto plazo. Según Hernández Mollar, "el desalojo en sí mismo no es el problema", aunque sí advirtió que debe disponerse de unas bases legales porque "la policía no puede entrar por las buenas" al ser la sociedad concesionaria del chiringuito y del antiguo camping la titular de la zona perteneciente al dominio público marítimo terrestre donde se asientan más de medio centenar de personas.
Aunque la intervención del Gobierno no será inmediata, hizo hincapié en que "sigo trabajando en ello" para encontrar una solución al problema que "lleva más de 30 años enquistado y en el que hay muchos montes que atravesar".
El primer paso será resolver el rescate de la concesión del antiguo camping que la Demarcación de Costas de Málaga inició hace años y que hasta la fecha ha impedido al Gobierno recuperar esta zona del dominio público marítimo terrestre.
Pero fue el propio subdelegado del Gobierno en Málaga el que el pasado 23 de abril, tras una reunión con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, anunció que "el problema estaría solucionado en un mes o mes y medio". En ese momento y de acuerdo con las herramientas legales de las que dispone la Administración central, aseguró que se iba a notificar a los okupasasentados en el entorno de los Baños del Carmen la decisión adoptada.
A partir de ese momento, se les daría audiencia a los afectados para conocer sus razonamientos. Si el desalojo fuese voluntario, como desea el Gobierno, el camino quedaría expedito, mientras que se optaría por pedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de que haya oposición a la intervención.
La Junta de Andalucía, en cambio, pese a ser responsable de las concesiones que hay sobre la zona desde abril del año pasado se desmarcó de este asunto hace unos meses. El argumento dado por sus responsables es que el hecho de que Costas iniciara el procedimiento para rescatar la concesión del chiringuito y del resto de lo que fue el balneario (propiedad del Grupo Vera) exime a su administración de cualquier tipo de competencia.
Los plazos para acabar con el asentamiento ilegal de los Baños del Carmen no se han cumplido ni parece que se vayan a cumplir a corto plazo. Según Hernández Mollar, "el desalojo en sí mismo no es el problema", aunque sí advirtió que debe disponerse de unas bases legales porque "la policía no puede entrar por las buenas" al ser la sociedad concesionaria del chiringuito y del antiguo camping la titular de la zona perteneciente al dominio público marítimo terrestre donde se asientan más de medio centenar de personas.
Aunque la intervención del Gobierno no será inmediata, hizo hincapié en que "sigo trabajando en ello" para encontrar una solución al problema que "lleva más de 30 años enquistado y en el que hay muchos montes que atravesar".
El primer paso será resolver el rescate de la concesión del antiguo camping que la Demarcación de Costas de Málaga inició hace años y que hasta la fecha ha impedido al Gobierno recuperar esta zona del dominio público marítimo terrestre.
Pero fue el propio subdelegado del Gobierno en Málaga el que el pasado 23 de abril, tras una reunión con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, anunció que "el problema estaría solucionado en un mes o mes y medio". En ese momento y de acuerdo con las herramientas legales de las que dispone la Administración central, aseguró que se iba a notificar a los okupasasentados en el entorno de los Baños del Carmen la decisión adoptada.
A partir de ese momento, se les daría audiencia a los afectados para conocer sus razonamientos. Si el desalojo fuese voluntario, como desea el Gobierno, el camino quedaría expedito, mientras que se optaría por pedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de que haya oposición a la intervención.
La Junta de Andalucía, en cambio, pese a ser responsable de las concesiones que hay sobre la zona desde abril del año pasado se desmarcó de este asunto hace unos meses. El argumento dado por sus responsables es que el hecho de que Costas iniciara el procedimiento para rescatar la concesión del chiringuito y del resto de lo que fue el balneario (propiedad del Grupo Vera) exime a su administración de cualquier tipo de competencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario