La Junta sancionará a las promotoras y bancos que no alquilen sus casas vacías (La Opinión)

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto social de la vivienda, que también establece una fórmula para que las familias empobrecidas puedan evitar el desalojo y permanecer 3 años más en sus casas

10.04.2013 | 01:40

Manifestación en contra de los desahucios. La Opinión

Habrá nuevas ayudas y estímulos al alquiler

LUCAS MARTÍN La Junta de Andalucía aprobó ayer con carácter de urgencia el decreto sobre la función social de la vivienda, una medida recibida con mucha reticencia por parte del sector inmobiliario y que plantea, entre otros puntos, el establecimiento de sanciones para los bancos y empresas propietarias de casas deshabitadas y una expropiación de uso por tres años que permitirá a las familias permanecer en sus hogares y burlar la amenaza de desahucio en los casos de mayor necesidad.

Según informó ayer la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, la nueva norma, que será aplicada sin dilación, supone un plan de choque destinado a mitigar «la sangría social» de los últimos seis años, en los que Andalucía contabiliza un total de 86. 000 lanzamientos hipotecarios, a razón de 45 por día.

Entre sus puntos principales, el decreto, sin parangón en España, incluye la elaboración de un registro para sacar a la luz las viviendas desocupadas y la puesta en marcha de un programa de ayudas destinado a facilitar el alquiler social. En cuanto a la expropiación, la Junta ha elaborado una serie de requisitos a los que se pueden amparar las familias para seguir en sus viviendas y frenar durante tres años toda posibilidad de desalojo. La medida, en este caso, se podrá aplicar a aquellos propietarios en riesgo de exclusión social que dediquen más de un tercio de sus ingresos a cubrir la hipoteca o cuya deuda se haya multiplicado de manera sobrevenida en un periodo relativamente corto de tiempo. De acuerdo con el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, con esto se evitará «un porcentaje muy amplio» de las ejecuciones.

Las sanciones, por su parte, quedarán restringidas a las entidades jurídicas, fundamentalmente bancos y promotoras, a las que se le podrá multar con un máximo de 9.000 euros por mantener desocupada una vivienda. De este concepto quedan excluidas las segundas residencias y las viviendas turísticas, excepcionalidad que, sin embargo, no ha servido para templar los ánimos de la patronal de la construcción, que percibe el movimiento como una intromisión en el manejo «de una propiedad legítima».

El objetivo, según Cortés y Castro, es poner al servicio de los ciudadanos el remanente de pisos deshabitados, que Izquierda Unida cifra entre 700.000 y un millón en la región. La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga rebaja, no obstante, el número a un máximo de 100.000, «que son las que coinciden con el stock, todo lo demás está habitado», precisa José Prado, presidente del colectivo.

En la aplicación de las sanciones, que emplea también la taxonomía de «muy grave» para las viviendas arrendadas que no respeten el código de seguridad, se tendrán en cuenta, aclara la Junta, parámetros como la ausencia de suministro o de consumo de luz, agua o electricidad. Además, el decreto se acompaña de un plan de inspección regular para garantizar que salgan al mercado de alquiler social el mayor número posible de pisos vacíos.

La nueva norma de la Junta, que, por primera vez, según Cortés, pone el acento en el concepto de vivienda «como derecho humano», se completará con subvenciones dirigidas a las personas propietarias para que arrenden las casas que no ocupan habitualmente. En este capítulo, que será desarrollado mediante el Plan Andaluz de la Vivienda, se incluyen asimismo incentivos fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.

Preguntada por las medidas a llevar a cabo cuando expiren los tres años de expropiación de uso que prescribe el decreto, Cortés, se refirió, en primer lugar, a su deseo de que en ese tiempo llegue a La Moncloa un Gobierno más sensible con los desahucios; posteriormente, aseguró que no se descarta una ampliación del plazo, especialmente si las circunstancias económicas continúan tan enmarañadas como en la actualidad.

La consejera reconoció la dificultad técnica que ha conllevado la elaboración de la normativa, algo en lo que coincidió con Castro, quien saluda la aprobación del decreto con la calificación de «vanguardista» y en consonancia con las legislaciones más avanzadas a nivel europeo. A través de las redes sociales, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, consideró que la norma introduce «un paso adelante», mientras que su principal socio de gobierno por parte de IU, el vicepresidente Diego Valderas, destacó su peso como «alternativa y resistencia» a la política económica del Gobierno.

Los requisitos para acogerse a la expropiación de uso incluyen que el esfuerzo para pagar el hipoteca se haya multiplicado por 1,5 y la acreditación del riesgo por parte de los servicios sociales.