Ayuntamientos y constructores no ven viable el pacto para VPO (La Opinión)

Municipios costeros y el propio sector inmobiliario recelan del plan de la Junta para construir 4.000 viviendas protegidas anuales, debido a la falta de suelo y la inseguridad jurídica en materia urbanística. Expertos creen que hasta 2010 no podría salir adelante este proyecto
El ambicioso plan de la Junta de Andalucía para promover el mercado de la vivienda protegida hasta conseguir en los próximos diez años una media anual de 4.000 inmuebles en la provincia no termina de convencer en el sector. La imprecisión del proyecto en un clima de inseguridad jurídica y legislativa es el argumento más repetido entre los agentes privados para dudar de su viabilidad, al menos a corto plazo.En este sentido, el presidente del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco San Martín, manifestó que aunque "la intención del Gobierno andaluz es muy importante para reunir a los agentes en el proceso constructivo en una misma línea de trabajo", hay que desarrollarlo con medidas y "en Málaga, es misión imposible a corto plazo, al no tener aprobado aún un planeamiento urbanístico" que defina los suelos destinados a este uso. San Martín opina que difícilmente se puede encontrar suelo para construir, si los planes no están aprobados y adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que obliga a reservar el treinta por ciento para vivienda protegida.Similar análisis hace el director del Área de Investigación de la Cátedra Inmobiliaria de Instituto de Práctica Empresarial, José Antonio Pérez, quien augura que "hasta 2010 no se podrían ver los resultados" concretos del plan, "salvo la inercia de los proyectos iniciados actualmente".A este respecto, Pérez indicó que si se ejecutara el plan en 2008, se necesitaría suelo urbano consolidado y calificado como residencial para vivienda protegida en al menos cuarenta hectáreas, a lo que habría que añadir estudios de arquitectura en tiempo récord, proyectos, visados y licencias.No obstante, la intención de la Consejería de Obras Públicas es consensuar normas y acuerdos con ayuntamientos que permitan construir viviendas protegidas incluso antes de la adaptación de los planes de los municipios a la norma autonómica. Consensuar convenios. La delegada provincial de Obras Públicas, Josefa López, indicó que la Consejería se está reuniendo con los agentes privados y las administraciones para sentar acuerdos en el marco del Pacto por la Vivienda. Fuentes del Gobierno andaluz indicaron que en la provincia ya hay acuerdos para impulsar nuevas promociones de vivendas protegidas en Málaga, Álora, Pizarra y Alhaurín de la Torre. Pese a estos futuros acuerdos, hay desconfianza en el sector. Juan Moreno, secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores (ACP) en Málaga, manifestó que las empresas están abiertas a convenios con la administración, siempre y cuando reporten mínimos beneficios. "No hay animadversión hacia la VPO, pero se tienen que dar unas mínimas condiciones de rentabilidad", indicó Moreno.La otra parte implicada en el pacto, los ayuntamientos, tratan de alcanzar convenios con la Junta. Sin embargo, grandes municipios de la franja del litoral dudan de la eficacia del plan.La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, señaló que en esa ciudad "sin patrimonio alguno para ponerlo a disposición de la VPO, es imposible que salga adelante".Para la regidora, hay que esperar al nuevo ordenamiento y cuando se apruebe será el momento para negociar con la administración y los agentes privados. "Estudiaremos todas las alternativas cuando se tenga el suelo organizado", aseveró Muñoz.Por su parte, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldonado, opinó que se trata de "una propuesta electoralista, que difícilmente se puede mantener", debido a que, a su juicio, no se ha hecho una programación del suelo, ni se ha calculado el soporte económico y financiero para las viviendas. En la misma línea se muestra el alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado (PP). "Lo que tiene que hacer la Junta es crear un marco jurídico, en lugar de inseguridad en el sector. Tenemos reservado suelo para 2.000 viviendas protegidas en esta legislatura, sólo nos falta la ayuda de la administración", sentenció.No en vano, hay localidades costeras que aplauden el pacto y confían en su desarrollo con la colaboración de empresas. Fuentes del Ayuntamiento de Mijas aseguraron a este periódico que la "iniciativa es socialmente muy positiva", aunque "habrá que sustanciarla y darle forma con el esfuerzo del sector privado". El Ayuntamiento de Benalmádena, gobernado por el PSOE en coalición, también alaba el pacto. "Se ha trazado un marco para que constructores y agentes públicos vayan de la mano en la construcción de VPO", indicaron fuentes del Consistorio.