Los 3.000 expedientados por las construcciones ilegales en Mijas buscan las soluciones legales posibles
La plataforma para la regularización de las viviendas ilegales en Mijas está llevando a cabo un intenso trabajo para dar a conocer la problemática urbanística que se vive en el municipio. Ante todo, la recomendación principal de su presidente, Juan Antonio Blanco, es que los afectados por esta situación "no dejen de cumplir los plazos para presentar las alegaciones y recursos". Blanco explica que estos plazos "son de dos meses desde que se recibe la notificación de la multa". Además, el abogado que trabaja con esta asociación, Ricardo Santandreu, recuerda en todas y cada una de las reuniones, "una vez agotado ese plazo, es muy difícil evitar que esa sanción siga adelante". Por otro lado, recuerda que "los afectados no son sólo quienes ya han recibido sanciones sino todos los propietarios de construcciones ilegales, quienes tarde o temprano recibirán las notificaciones correspondientes".Desde el propio Ayuntamiento, el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, asegura que están trabajando para solucionar "todos estos casos, siempre dentro del marco de la legalidad". Además, el regidor recuerda que "la Administración municipal no tiene potestad para paralizar la tramitación de los expedientes ni la llegada de las sanciones urbanísticas; eso es algo que sólo puede parar una orden judicial". La plataforma también se ha reunido con el alcalde y otros miembros del Consistorio para intentar encontrar soluciones entre ambas partes. En una reunión, se concluyó que "la regularización de la mayoría de construcciones afectadas pasa por la aprobación del PGOU aunque ello no exime a los propietarios de las viviendas, de las cargas económicas que suponen haber cometido un delito urbanístico".
La plataforma para la regularización de las viviendas ilegales en Mijas está llevando a cabo un intenso trabajo para dar a conocer la problemática urbanística que se vive en el municipio. Ante todo, la recomendación principal de su presidente, Juan Antonio Blanco, es que los afectados por esta situación "no dejen de cumplir los plazos para presentar las alegaciones y recursos". Blanco explica que estos plazos "son de dos meses desde que se recibe la notificación de la multa". Además, el abogado que trabaja con esta asociación, Ricardo Santandreu, recuerda en todas y cada una de las reuniones, "una vez agotado ese plazo, es muy difícil evitar que esa sanción siga adelante". Por otro lado, recuerda que "los afectados no son sólo quienes ya han recibido sanciones sino todos los propietarios de construcciones ilegales, quienes tarde o temprano recibirán las notificaciones correspondientes".Desde el propio Ayuntamiento, el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, asegura que están trabajando para solucionar "todos estos casos, siempre dentro del marco de la legalidad". Además, el regidor recuerda que "la Administración municipal no tiene potestad para paralizar la tramitación de los expedientes ni la llegada de las sanciones urbanísticas; eso es algo que sólo puede parar una orden judicial". La plataforma también se ha reunido con el alcalde y otros miembros del Consistorio para intentar encontrar soluciones entre ambas partes. En una reunión, se concluyó que "la regularización de la mayoría de construcciones afectadas pasa por la aprobación del PGOU aunque ello no exime a los propietarios de las viviendas, de las cargas económicas que suponen haber cometido un delito urbanístico".
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