Procesado un técnico de Cártama que pedía dinero por la legalización de viviendas (La Opinión)

La Fiscalía de Málaga pide siete años de prisión para el encargado municipal del Ayuntamiento de Cártama del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del pueblo quien, en sólo dos meses, exigió más de 120.000 euros en sobornos a diversos propietarios de viviendas irregulares o ilegales. También están acusados un intérprete y un propietario, este último por aceptar el ofrecimiento.Así, M. A. G. R., "amparado por su condición de encargado municipal del Ayuntamiento del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales de Cártama, con contrato administrativo de adjudicación de servicio, de fecha 1 de junio de 2004, ha venido reclamando a propietarios y vecinos, abusando de sus funciones, el pago de distintas cantidades para impedir la iniciación, paralización, la sanción o procurar la ocultación de expedientes de disciplina urbanística", dice el fiscal.En diciembre de 2004, solicitó a un vecino 12.000 euros por si éste quería evitar una sanción municipal por arrojar escombros ilegalmente; en el mismo mes, pidió a un matrimonio "una suma de dinero" para regularizar una construcción y, posteriormente, exigió a un extranjero el abono de 18.000 euros para legalizar su obra, así como otros 3.000 por hacer lo propio con un camino y una piscina, aclara el representante de la acusación pública.Pidió 12.000 euros a otro vecino por "ocultar en un cajón" el expediente de demolición de la obra que construía; y a dos extranjeros les solicitó 18.000 por hacer desaparecer el expediente incoado por el Consistorio, para lo que utilizó a un intérprete que, según el fiscal, "conocía perfectamente lo que hacía, aunque no consta beneficio económico".En enero de 2005, acudió a otro terreno y reclamó a su dueña 6.000 euros por convertir el mismo en urbanizable y ocultar las futuras multas. Asimismo, hizo lo mismo con otro propietario, a quien le exigió ver "los permisos de construcción de la casa", a lo que el interpelado contestó que no contaba con ellos. Así, "le reclamó el pago en tres o cuatro días de 6.000 euros para evitar el precinto de la construcción realizada".También contactó con J. S. R. a través de un intermediario. Éste se había construido una vivienda. El procesado ofreció al primero de ellos "la paralización del expediente sancionador a cambio de 9.000 euros", entrega que se hizo efectiva, aunque después le solicitó además otros 6.000 euros, una vez que el dueño había recibido una carta del Consistorio informándole del precinto de las obras.A otro propietario le pidió 9.000 euros por evitar que se precintara su obra. Éste pagó 7.000, pero cuando le llegó la resolución municipal ordenando lo que había tratado de evitar, fue a la Gerencia de Urbanismo y denunció los hechos, añade el representante del ministerio público, que relata otros dos casos: solicitó 6.000 euros a un extranjero por tener su casa en un terreno inferior a 100 metros cuadrados. También intentó cobrarle 12.000 euros a otra mujer "para solucionar la legalización de su vivienda en zona protegida", añade el fiscal.El acusado, una vez al tanto las autoridades municipales de estos hechos, renunció a su cargo. Éste se enfrenta a siete años de cárcel y a una inhabilitación de 12, así como al pago de una hipotética multa de 250.000 euros. El propietario que pagó podría ser condenado a un año de prisión, cuatro de inhabilitación y 60.000 euros de multa. El intérprete se enfrenta a otro año de privación de libertad y multa de 10.000 euros. El juicio se celebrará después del verano en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.