Un año para Muñoz por licencias para 250 pisos ilegales gracias al pacto con la Fiscalía (SUR)

El ex alcalde de Marbella y cinco de sus concejales aceptan entre 365 días y nueve meses de prisión que no pueden sustituirse por multa El acuerdo se aplicará en otros siete procedimientos pendientes

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cinco de los ediles del GIL aceptaron ayer entre un año y nueve meses de prisión, que no pueden sustituirse por multa, por la concesión ilegal de licencias para 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Algabamar II S.L. entre 1998 y 1999. Se trata del segundo juicio -el primero fue el 'caso Belmonsa'- en el que se ha aplicado el pacto entre la Fiscalía de Málaga y los ex concejales gilistas. Muñoz, y los ex concejales de Marbella María Luisa Alcalá y Rafael González aceptaron un año de prisión y diez de inhabilitación por la comisión de cuatro delitos contra la ordenación del territorio. Los ex ediles Javier Lendínez, Dolores Zurdo y José Luis Troyano admitieron cumplir nueve meses de cárcel por dos delitos urbanísticos. El resto de los acusados, también ex concejales gilistas, Tomás Reñones, Manuel Calle, José Luis Fernández Garrosa y Alberto García Muñoz, tendrán que comparecer el próximo 27 de octubre aunque finalmente se apuntarán al pacto, según sus letrados.

Precedente

En juicios anteriores por delitos urbanísticos cometidos en Marbella, los acusados habían llegado a una conformidad previa a la celebración de la vista oral aceptando un año de prisión. A partir de 'Belmonsa', la pena de cárcel ya no puede ser sustituida por multa. Fuentes de las defensas confirmaron que el acuerdo se aplicará también en otros siete procedimientos en los que no se ha llegado a señalar la fecha del juicio. Hasta ahora sólo los seis ex concejales con delitos urbanísticos pendientes de la corporación de 1995 a 1999 han comunicado al fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo-Rubio, su conformidad. El resto, que no han pisado la cárcel, esperan llegar a juicio en busca de un resultado más favorable. Después de nueve meses de negociaciones, todo indica que el pacto con el Ministerio Público empieza a ver la luz. Ya no existe división entre los acusados, así que sólo quedaría un escollo. Para que realmente fuera efectivo, las acusaciones popular y particular -el Ayuntamiento de Marbella y el PSOE, en la mayoría de los casos- deberían estar conformes con las penas solicitadas por el fiscal, es decir, un año de cárcel para los concejales de la primera corporación y nueve meses para los que pertenecieron a la segunda.

Abogados

El abogado del Grupo Municipal Socialista de Marbella, Oliver Roales, que lleva seis procedimientos aún en fase de instrucción, aseguró ayer a este periódico que no rebajarán su petición de cárcel. El portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, también mostró su rechazo al acuerdo, aunque no descartó adherirse a la petición fiscal en «casos muy concretos». Ambas acusaciones buscan resarcir económicamente a Marbella de las tropelías urbanísticas cometidas durante la 'era GIL', aunque son conscientes de la dificultad que tendrán en los juicios por delitos urbanísticos para determinar la responsabilidad civil.