Marbella vivirá en las próximas semanas su particular 'deja vù'. El esperado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el primero que en dos décadas, volverá a exponerse un mes en las paredes del Palacio de Congresos para que vecinos y colectivos escudriñen los cambios introducidos por el equipo de gobierno al documento inicial redactado bajo la tutela de la Junta y puedan presentar de nuevo alegaciones.
EL PGOU, EN CIFRAS
Aprobación inicial: 17 de julio de 2007.
Próximos trámites: Tras la aprobación provisional de ayer se abre un nuevo plazo de exposición al público para presentar alegaciones. Se llevará a aprobación provisional a final de año. La aprobación definitiva quedará en manos de la Junta. Se prevé para la primavera.
Previsión de habitantes: 173.000 personas en el horizonte de 2016.
Nuevas viviendas: 27.085 nuevas viviendas para los próximos ocho años; 9.861 (36,4%) serán de protección pública.
Áreas libres: 27,72 metros cuadrados por habitante.
Equipamientos: 10,76 metros cuadrados por habitante.
Regularización de inmuebles ilegales: De las 18.000 viviendas construidas fuera de ordenación que dejó el gilismo, el nuevo Plan General regulariza casi la totalidad a cambio de que los promotores compren suelo y lo entreguen al Ayuntamiento, una vez salvaguardados de esta carga los compradores de buena fe.
Fuera de ordenación: Se siguen quedando fuera del Plan General medio millar de inmuebles: el edificio Banana Beach, varios bloques de la urbanización Río Real y un grupo de viviendas en La Víbora (Las Chapas).Marbella vivirá en las próximas semanas su particular 'deja vù'. El esperado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el primero que en dos décadas, volverá a exponerse un mes en las paredes del Palacio de Congresos para que vecinos y colectivos escudriñen los cambios introducidos por el equipo de gobierno al documento inicial redactado bajo la tutela de la Junta y puedan presentar de nuevo alegaciones. Con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU, el planeamiento pasó ayer el trámite de su aprobación provisional, previa a una segunda que se prevé para final de año, y avanza en un camino que sigue sin ser de rosas.
Atrás quedó la unanimidad de las fuerzas políticas que se escenificó en su aprobación inicial, presagio de unos meses de intensos rifirrafes políticos. El primero, aunque descafeinado, se vivió en el pleno de ayer. Con los tiempos prefijados y las posturas adelantadas desde hace días, la sesión siguió el guión previsto. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, pivotó su intervención sobre el blindaje a los compradores de buena fe de viviendas ilegales, a los que se les garantiza que no tendrán que pagar las compensaciones.
«Se da un paso más hacia la normalidad, seguridad jurídica y urbanística y hacia el restablecimiento de la confianza de empresarios y ciudadanos», señaló, al tiempo que, ante las las acusaciones de la legalización masiva o del beneficio a promotores, recordó que la Junta ya preveía en su documento inicial la legalización los 18.000 inmuebles irregulares. Los que quedan fuera, por contra, se reducen a medio millar -al edificio Banana Beach y viviendas en Río Real y La Víbora- frente a los 752 fijados en origen.
Dudas en el PSOE
Desde el flanco socialista, pese a su voto favorable, no todo fueron parabienes. Su portavoz, la concejala Susana Radío, reconoció en su intervención que dentro del grupo municipal surgieron «dudas» sobre cuál debía ser el sentido del voto pero justificó el respaldo final a la aprobación provisional del Plan General y a que se exponga de nuevo al público en que es «un ejercicio de responsabilidad para poner orden al caos urbanístico».
El apoyo no fue, con todo, incondicional. Rechazada por el equipo de gobierno la enmienda del PSOE para que se suspendieran las modificaciones más polémicas, relativas al cambio de suelo previsto para uso público por hotelero, comercial o residencial, censuró que se favorezca los intereses de promotores y advirtió a la alcaldesa de que, de no cambiar su postura, podría quedarse sola en el resto de la tramitación del Plan.
Por último, el concejal de IU, Enrique Monterroso, la voz discordante, rechazó el documento porque considera que «antepone la legalización de la corrupción a los intereses vecinales» y fue especialmente crítico con el voto favorable del PSOE. Acusó a sus ediles de acatar directrices de la dirección del partido, lo que provocó una airada reacción de la portavoz socialista: «No hemos recibido ni una instrucción ni una sugerencia».
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se mostró ayer por su parte esperanzado en que en «muy pocos meses» culmine la aprobación definitiva Plan General, que queda en manos de la Junta en su fase final, pero insistió en que «sólo» se pronunciará sobre el documento tras la aprobación provisional prevista para final de año.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Alejandro Dogan, también se refirió tras el pleno al contenido del Plan General. Aseguró estar de acuerdo «en una gran parte» con el planeamiento pero advirtió de que la «impresión» sobre el documento es que «se premia más a los promotores que a los vecinos».
EL PGOU, EN CIFRAS
Aprobación inicial: 17 de julio de 2007.
Próximos trámites: Tras la aprobación provisional de ayer se abre un nuevo plazo de exposición al público para presentar alegaciones. Se llevará a aprobación provisional a final de año. La aprobación definitiva quedará en manos de la Junta. Se prevé para la primavera.
Previsión de habitantes: 173.000 personas en el horizonte de 2016.
Nuevas viviendas: 27.085 nuevas viviendas para los próximos ocho años; 9.861 (36,4%) serán de protección pública.
Áreas libres: 27,72 metros cuadrados por habitante.
Equipamientos: 10,76 metros cuadrados por habitante.
Regularización de inmuebles ilegales: De las 18.000 viviendas construidas fuera de ordenación que dejó el gilismo, el nuevo Plan General regulariza casi la totalidad a cambio de que los promotores compren suelo y lo entreguen al Ayuntamiento, una vez salvaguardados de esta carga los compradores de buena fe.
Fuera de ordenación: Se siguen quedando fuera del Plan General medio millar de inmuebles: el edificio Banana Beach, varios bloques de la urbanización Río Real y un grupo de viviendas en La Víbora (Las Chapas).Marbella vivirá en las próximas semanas su particular 'deja vù'. El esperado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el primero que en dos décadas, volverá a exponerse un mes en las paredes del Palacio de Congresos para que vecinos y colectivos escudriñen los cambios introducidos por el equipo de gobierno al documento inicial redactado bajo la tutela de la Junta y puedan presentar de nuevo alegaciones. Con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU, el planeamiento pasó ayer el trámite de su aprobación provisional, previa a una segunda que se prevé para final de año, y avanza en un camino que sigue sin ser de rosas.
Atrás quedó la unanimidad de las fuerzas políticas que se escenificó en su aprobación inicial, presagio de unos meses de intensos rifirrafes políticos. El primero, aunque descafeinado, se vivió en el pleno de ayer. Con los tiempos prefijados y las posturas adelantadas desde hace días, la sesión siguió el guión previsto. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, pivotó su intervención sobre el blindaje a los compradores de buena fe de viviendas ilegales, a los que se les garantiza que no tendrán que pagar las compensaciones.
«Se da un paso más hacia la normalidad, seguridad jurídica y urbanística y hacia el restablecimiento de la confianza de empresarios y ciudadanos», señaló, al tiempo que, ante las las acusaciones de la legalización masiva o del beneficio a promotores, recordó que la Junta ya preveía en su documento inicial la legalización los 18.000 inmuebles irregulares. Los que quedan fuera, por contra, se reducen a medio millar -al edificio Banana Beach y viviendas en Río Real y La Víbora- frente a los 752 fijados en origen.
Dudas en el PSOE
Desde el flanco socialista, pese a su voto favorable, no todo fueron parabienes. Su portavoz, la concejala Susana Radío, reconoció en su intervención que dentro del grupo municipal surgieron «dudas» sobre cuál debía ser el sentido del voto pero justificó el respaldo final a la aprobación provisional del Plan General y a que se exponga de nuevo al público en que es «un ejercicio de responsabilidad para poner orden al caos urbanístico».
El apoyo no fue, con todo, incondicional. Rechazada por el equipo de gobierno la enmienda del PSOE para que se suspendieran las modificaciones más polémicas, relativas al cambio de suelo previsto para uso público por hotelero, comercial o residencial, censuró que se favorezca los intereses de promotores y advirtió a la alcaldesa de que, de no cambiar su postura, podría quedarse sola en el resto de la tramitación del Plan.
Por último, el concejal de IU, Enrique Monterroso, la voz discordante, rechazó el documento porque considera que «antepone la legalización de la corrupción a los intereses vecinales» y fue especialmente crítico con el voto favorable del PSOE. Acusó a sus ediles de acatar directrices de la dirección del partido, lo que provocó una airada reacción de la portavoz socialista: «No hemos recibido ni una instrucción ni una sugerencia».
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se mostró ayer por su parte esperanzado en que en «muy pocos meses» culmine la aprobación definitiva Plan General, que queda en manos de la Junta en su fase final, pero insistió en que «sólo» se pronunciará sobre el documento tras la aprobación provisional prevista para final de año.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Alejandro Dogan, también se refirió tras el pleno al contenido del Plan General. Aseguró estar de acuerdo «en una gran parte» con el planeamiento pero advirtió de que la «impresión» sobre el documento es que «se premia más a los promotores que a los vecinos».
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