El PSOE advierte al PP de que puede quedarse solo si cambia su favor hacia los promotores. IU rechaza el nuevo texto por "anteponer la legalización de la corrupción a los intereses vecinales"
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Marbella está cada vez más cerca de contar con un documento definitivo que regule su ordenación urbana durante, al menos, los próximos ocho años. El consenso alcanzado ayer en el pleno entre el equipo de gobierno del Partido Popular y el PSOE para aprobar los cambios introducidos por el PP en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), elaborado bajo las directrices de la Junta de Andalucía, supuso ayer un paso importante para ello. De esta forma, la ciudad pone fin a años de desarrollo urbanístico carente de un marco legal, ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado por el Ayuntamiento de Marbella en 1986, y vigente hasta hoy, oficialmente no entró en vigor hasta el año 2000, ya que su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia se retrasó. Asimismo, el polémico texto elaborado por el ex alcalde Jesús Gil en 1998 fue rechazado por la Junta de Andalucía y su acuerdo en pleno, suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el mismo año."Esta aprobación provisional supone un paso más hacia la normalidad, la seguridad jurídica y urbanística y el restablecimiento de la confianza en la ciudad", destacó ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz. Aunque ni siquiera la denominación de "provisional" se libró de entrar al debate.Técnicamente no se trata de una aprobación provisional, en opinión del concejal socialista Javier De Luis, ya que más bien lo que se ha llevado a pleno son las modificaciones introducidas por el PP en el documento aprobado inicialmente en julio del pasado año. De hecho, a partir de ahora se inicia un periodo de exposición pública de un mes, en el que se podrán formular alegaciones al documento. Posteriormente, ya en diciembre, de acuerdo con los planes de Muñoz, se producirá la aprobación provisional propiamente dicha que conlleva remitir el texto a la Junta para que le dé su visto bueno definitivo.Reactivación. En cualquier caso, la concejal de Urbanismo de Marbella, Alba Echevarría, no dudó en calificar el texto como el punto y final de la época urbanística del GIL y el comienzo de la reactivación económica de la ciudad. "Hasta ahora el desajuste entre el PGOU del 86 y la realidad urbanística ha sido radical y eso ha significado la paralización absoluta", afirmó.Durante alrededor de dos horas de debate, la alcaldesa destacó la protección de los compradores ´de buena fe´ como el principal cambio que se introduce el texto. "El documento garantiza que las compensaciones tendrán que asumirlas los promotores".La portavoz socialista, Susana Radío, se manifestó escéptica al respecto al considerar que la única modificación que ampara este principio es un párrafo "inconsistente y demagógico", que de acuerdo incluso con los informes jurídicos de los servicios municipales responde a un "estiramiento interpretativo" del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Suelo de 2008.El PSOE cree que las modificaciones introducidas por el PP favorecen especialmente a los promotores y afines al PP. "Además, se han negociado sin dialogar con los afectados". De ahí, que este partido planteara ayer una enmienda para constituir una comisión técnica en la que participen los vecinos para evaluar los cambios integrados, iniciativa que rechazó el PP. "La decisión nos ha generado muchas dudas", reconoció Radío tras argumentar que apoyarían el plan "en un ejercicio de responsabilidad", a pesar de los desacuerdos. Eso sí, el PP "puede encontrarse solo" si no cambia su conducta de favor hacia los promotores.IU no tuvo ninguna duda desde el principio. Su portavoz, Enrique Monterroso, tuvo claro que no apoyaría un plan que "legaliza las tropelías del GIL".
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