El PSOE se une al PP en la votación para aprobar provisionalmente el plan, rechazado por IU · La alcaldesa destaca que los propietarios de buena fe no tendrán que asumir las cargas de las viviendas ilegales
Un sí con la boca pequeña. Los concejales del PSOE decidieron ayer votar favorablemente la aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. Los socialistas reconocieron que "hasta el último momento" habían tenido sus "serias dudas" para apoyar el texto modificado que el gobierno de Ángeles Muñoz (PP) presentó en el Pleno.La portavoz del PSOE, Susana Radío, explicó que su grupo era "consciente" de la importancia que tiene para la ciudad dar luz verde a la tramitación del documento que pretende romper con lo acontecido durante la era GIL. Sin embargo, criticó con dureza los cambios que los populares han introducido al plan en esta última etapa, ya que propician la "eliminación" de suelos que estaban destinados a equipamientos públicos en la aprobación inicial. Prueba de esto son las modificaciones que permitirán la consolidación de la tercera fase del centro comercial La Cañada, la construcción de un hotel en la antigua casona de RNE o la de un complejo de viviendas en la única plaza pública que queda en la barriada Plaza de Toros, entre otras.Los socialistas también se quejaron de que la alcaldesa haya preferido "reunirse" con los promotores para "negociar" las compensaciones a "sentarse" con los vecinos para que participen en la elaboración del PGOU.A pesar de los apuntes de la oposición, Muñoz recordó las bondades que presenta el texto elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras. "La principal modificación introducida en el plan es que los propietarios de buena fe no tendrán que asumir las cargas para normalizar la situación irregular de sus viviendas", puntualizó la dirigente popular. De esta forma los compradores no tendrán que hacer frente a pagos que oscilarían entre los 3.000 y los 12.000 euros, según las estimaciones de la regidora.Por otra parte, la delegada de Urbanismo, Alba Echeverría, reconoció que "ni este documento, ni ningún otro puede dar una solución total a lo sucedido durante los 15 años de gobiernos gilistas", pero pidió la confianza de los grupos de la oposición para "subir este primer peldaño" hacia la normalización urbanística.Sin embargo, el mensaje de Echeverría no terminó de calar en el portavoz de IU, Enrique Monterroso, que fue el único edil de la Corporación que votó en contra de la aprobación provisional del PGOU. "Aquí se les olvida hablar de que las víctimas de lo ocurrido son la mayoría de personas de Marbella que se han visto privadas de suelos para equipamientos", señaló Monterroso, que quiso derribar la idea de que los únicos afectados son los propietarios de inmuebles ilegales.Para contrarrestar los efectos negativos del pasado, Ángeles Muñoz repasó todos los suelos que el plan reserva para centros logísticos, zonas verdes, equipamientos educativos y proyectos culturales. Pero donde la popular se negó a entrar fue en la cuestión planteada por el PSOE sobre la idoneidad de que los concejales del equipo de gobierno, Antonio Espada y Antonio Maíz, votasen a favor de un documento urbanístico que podría, según los socialistas, beneficiar a algunas de sus propiedades privadas. La alcaldesa dijo que el secretario municipal contestará por escrito sobre la posible incompatibilidad de los dos populares.
Un sí con la boca pequeña. Los concejales del PSOE decidieron ayer votar favorablemente la aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. Los socialistas reconocieron que "hasta el último momento" habían tenido sus "serias dudas" para apoyar el texto modificado que el gobierno de Ángeles Muñoz (PP) presentó en el Pleno.La portavoz del PSOE, Susana Radío, explicó que su grupo era "consciente" de la importancia que tiene para la ciudad dar luz verde a la tramitación del documento que pretende romper con lo acontecido durante la era GIL. Sin embargo, criticó con dureza los cambios que los populares han introducido al plan en esta última etapa, ya que propician la "eliminación" de suelos que estaban destinados a equipamientos públicos en la aprobación inicial. Prueba de esto son las modificaciones que permitirán la consolidación de la tercera fase del centro comercial La Cañada, la construcción de un hotel en la antigua casona de RNE o la de un complejo de viviendas en la única plaza pública que queda en la barriada Plaza de Toros, entre otras.Los socialistas también se quejaron de que la alcaldesa haya preferido "reunirse" con los promotores para "negociar" las compensaciones a "sentarse" con los vecinos para que participen en la elaboración del PGOU.A pesar de los apuntes de la oposición, Muñoz recordó las bondades que presenta el texto elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras. "La principal modificación introducida en el plan es que los propietarios de buena fe no tendrán que asumir las cargas para normalizar la situación irregular de sus viviendas", puntualizó la dirigente popular. De esta forma los compradores no tendrán que hacer frente a pagos que oscilarían entre los 3.000 y los 12.000 euros, según las estimaciones de la regidora.Por otra parte, la delegada de Urbanismo, Alba Echeverría, reconoció que "ni este documento, ni ningún otro puede dar una solución total a lo sucedido durante los 15 años de gobiernos gilistas", pero pidió la confianza de los grupos de la oposición para "subir este primer peldaño" hacia la normalización urbanística.Sin embargo, el mensaje de Echeverría no terminó de calar en el portavoz de IU, Enrique Monterroso, que fue el único edil de la Corporación que votó en contra de la aprobación provisional del PGOU. "Aquí se les olvida hablar de que las víctimas de lo ocurrido son la mayoría de personas de Marbella que se han visto privadas de suelos para equipamientos", señaló Monterroso, que quiso derribar la idea de que los únicos afectados son los propietarios de inmuebles ilegales.Para contrarrestar los efectos negativos del pasado, Ángeles Muñoz repasó todos los suelos que el plan reserva para centros logísticos, zonas verdes, equipamientos educativos y proyectos culturales. Pero donde la popular se negó a entrar fue en la cuestión planteada por el PSOE sobre la idoneidad de que los concejales del equipo de gobierno, Antonio Espada y Antonio Maíz, votasen a favor de un documento urbanístico que podría, según los socialistas, beneficiar a algunas de sus propiedades privadas. La alcaldesa dijo que el secretario municipal contestará por escrito sobre la posible incompatibilidad de los dos populares.
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