El gobierno municipal de Marbella podría acogerse al texto refundido de la Ley de Suelo para cargar las compensaciones urbanísticas en los promotores
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA El gobierno municipal del PP de Marbella cree haber encontrado la fórmula legal que les permitirá legalizar las más de 18.000 viviendas irregulares de la ciudad construidas en tiempos del GIL sin perjudicar a los propietarios "de buena fe". Lo que significa cargar en el promotor las denominadas cargas urbanísticas que requiere dicha regularización.
La ´triquiñuela´ se encuentra en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado mes de junio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según adelantaron las fuentes consultadas por este diario.
Ley del Suelo. En su tercer apartado, este artículo establece que los convenios o negocios jurídicos que un promotor celebre con la Administración correspondiente no se podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados. Un criterio que el PP tiene previsto utilizar en el nuevo texto urbanístico modificado para exigir responsabilidades a los promotores.
"Se trata de una interpretación generosa ya que, indudablemente, el sistema de compensaciones que establece la Ley en estos casos es que se repare la infracción urbanística cometida demoliendo o compensando y quienes deben responder ante ello son el propietario, el promotor, el constructor y las autoridades o funcionarios que lo apoyaron", en opinión de las mismas fuentes, las cuales aseguran que las cargas urbanísticas de un bien descansan sobre la propiedad en última instancia.
De hecho, y de acuerdo con el texto refundido de la Ley del Suelo, también se vinculan tanto los derechos reales como las cargas a los compradores y dueños de los terrenos, como se estipula en el artículo 18. "Otra cosa es que el gobierno municipal haya querido dibujar jurídicamente en el nuevo PGOU la línea que van a seguir en la práctica para hacer recaer las compensaciones en los promotores", añadieron.
En cualquier caso, el debate continúa abierto a la espera de que se conozcan más datos del Plan General de Ordenación Urbanística que el Ayuntamiento tiene previsto aprobar provisionalmente este mes. Hoy mismo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha convocado a los medios de comunicación para darles a conocer las "líneas generales" de este documento, del que dependerá la reactivación económica del municipio.
Derribos. Entre las novedades que ya han trascendido del texto modificado con respecto al ya aprobado inicialmente destaca la situación en la que quedan dos de los puntos más difíciles de legalizar de Marbella. Se trata del complejo de apartamentos Banana Beach y de cuatro viviendas en Río Real Playa, que quedarán fuera de ordenación y, por tanto, abocados a la decisión de los tribunales que podrían decidir su derribo.
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA El gobierno municipal del PP de Marbella cree haber encontrado la fórmula legal que les permitirá legalizar las más de 18.000 viviendas irregulares de la ciudad construidas en tiempos del GIL sin perjudicar a los propietarios "de buena fe". Lo que significa cargar en el promotor las denominadas cargas urbanísticas que requiere dicha regularización.
La ´triquiñuela´ se encuentra en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado mes de junio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según adelantaron las fuentes consultadas por este diario.
Ley del Suelo. En su tercer apartado, este artículo establece que los convenios o negocios jurídicos que un promotor celebre con la Administración correspondiente no se podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados. Un criterio que el PP tiene previsto utilizar en el nuevo texto urbanístico modificado para exigir responsabilidades a los promotores.
"Se trata de una interpretación generosa ya que, indudablemente, el sistema de compensaciones que establece la Ley en estos casos es que se repare la infracción urbanística cometida demoliendo o compensando y quienes deben responder ante ello son el propietario, el promotor, el constructor y las autoridades o funcionarios que lo apoyaron", en opinión de las mismas fuentes, las cuales aseguran que las cargas urbanísticas de un bien descansan sobre la propiedad en última instancia.
De hecho, y de acuerdo con el texto refundido de la Ley del Suelo, también se vinculan tanto los derechos reales como las cargas a los compradores y dueños de los terrenos, como se estipula en el artículo 18. "Otra cosa es que el gobierno municipal haya querido dibujar jurídicamente en el nuevo PGOU la línea que van a seguir en la práctica para hacer recaer las compensaciones en los promotores", añadieron.
En cualquier caso, el debate continúa abierto a la espera de que se conozcan más datos del Plan General de Ordenación Urbanística que el Ayuntamiento tiene previsto aprobar provisionalmente este mes. Hoy mismo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha convocado a los medios de comunicación para darles a conocer las "líneas generales" de este documento, del que dependerá la reactivación económica del municipio.
Derribos. Entre las novedades que ya han trascendido del texto modificado con respecto al ya aprobado inicialmente destaca la situación en la que quedan dos de los puntos más difíciles de legalizar de Marbella. Se trata del complejo de apartamentos Banana Beach y de cuatro viviendas en Río Real Playa, que quedarán fuera de ordenación y, por tanto, abocados a la decisión de los tribunales que podrían decidir su derribo.
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