jueves, 16 de octubre de 2008

MARBELLA. El propietario de La Cañada alegará contra el PGOU por considerarse perjudicado (SUR)

Argumenta que el terreno sobre el que se levanta el complejo es comercial y ya cedió compensaciones al Ayuntamiento antes de que su empresa lo comprara. Asegura que en el documento urbanístico se le reclama que entregue a la ciudad 16 hectáreas de suelo para poder quedarse con 13.


El empresario Tomás Olivo, propietario del complejo comercial La Cañada, presentará alegaciones contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación está prevista para la semana próxima. Lejos de sentirse beneficiado por los cambios introducidos durante la última etapa de la tramitación, Olivo considera que se ha perjudicado a su empresa al obligarle a ceder 160.000 hectáreas de suelo en concepto de compensaciones a cambio de que se le legalicen las 13 hectáreas en las que se levanta el complejo comercial, incluida la tercera fase, a la que el PGOU reconoce ahora el uso comercial.

En su argumentación esgrime que este uso comercial ya estaba recogido en la parte del PGOU de 1998, aprobado por el GIL, que fue en primera instancia refrendada por la Junta, por lo que no debe ahora otorgar compensación alguna por la cesión de ese uso.

Ese documento fue finalmente rechazado por el Gobierno andaluz ante la negativa del gobierno del GIL a redactar un texto refundido con las modificaciones que se le exigían al Ayuntamiento.

Impuesto de patrimonio

Sin embargo, esta calificación comercial figura -con un techo máximo para ese uso de 69.000 metros- en el documento de liquidación de impuesto de transmisiones patrimoniales emitido por la propia Junta en enero de 2001. Con esta base, el empresario considera que la calificación comercial ya estaba reconocida en el momento de la compra de los terrenos, por lo que no debe aportar ahora suelo para conseguirla.

En relación con las compensaciones que según el Plan General su empresa debería ceder a la ciudad, el empresario argumenta que cuando adquirió la parcela en esa fecha por 1.360 millones de pesetas (algo más de ocho millones de euros), la empresa vendedora -Corporación de Nueva Marbella, propiedad del financiero británico Judah Binstock- ingresó en las arcas municipales 210 millones en pago del aprovechamiento, por lo que no existe deuda alguna con el municipio.

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