La delegada de Vivienda y Ordenación del territorio asegura que unas 50.000 familias de Málaga necesitan pisos asequibles, la mayor cifra de Andalucía Esgrime medidas como la transformación de promociones de renta libre a protegidas, el alquiler y la compra de suelo
El despacho de Josefa López en la plaza de San Juan de Dios está tomado por carpetas llenas de documentos, que esperan su turno sobre dos mesas. Papeles que hablan, sobre todo, de viviendas, ya sean de VPO, de alquiler, rehabilitadas o de suelo para promociones públicas. Tras más de una hora de conversación, la delegada de Vivienda lanza una promesa: «Vamos a darle viviendas a los malagueños que las necesiten sea como sea».
¿Cuántas VPO se estima que hacen falta en Málaga?
Unas 50.000. El grueso en la capital, donde está cifrado en unas 20.800, pero también en municipios importantes como Marbella.
La Consejería ha planteado una estrategia novedosa, como es la conversión en VPO de viviendas ya construidas que están sin vender.
Es una oportunidad que brinda la Consejería para que el stock de vivienda construida pueda tener salida al mercado. Da protección a los promotores para que ese dinero que está estancado pueda tener una salida en el momento en que nos encontramos.
Los promotores hablan de unas 20.000 viviendas sin vender. Serían casi la mitad de las necesarias...
En Málaga todavía no hemos tenido una relación cuerpo a cuerpo con los promotores. Las negociaciones han sido hasta el momento entre la Consejería y Fadeco (patronal de los constructores). El resultado se ha plasmado en la orden que desarrolla el Plan Concertado de Vivienda, que se va a publicar dentro de muy poco y establece las dimensiones mínimas. En muchos casos los parámetros de la vivienda de renta libre no coinciden con los de la VPO, por lo que la orden permitirá flexibilizar los requisitos hasta un 15%. Y el precio se tendrá que acomodar al de las VPO de iniciativa municipal o autonómica, que es la categoría más alta y que deja más margen al promotor. Me encantaría que esta iniciativa tuviera una buena acogida, porque tiene una doble finalidad: poner en el mercado vivienda a precios asequibles para los ciudadanos y un incentivo para los promotores que tienen una situación económica crítica.
Entonces mucho de lo que se ha construido últimamente no podría ser VPO (que exige como mínimo de 70 a 90 metros cuadrados).
Si no dan los estándares de superficie no van a tener un fácil encaje. Durante un tiempo de aplicación de la orden habrá que ver los resultados por si hay que tomar otras medidas. En algunos casos sí admitimos una determinada superficie, por ejemplo en el caso de familias monoparentales o mayores. La norma contempla otras posibilidades, como calificar como vivienda protegida la parte de la promoción que no se ha vendido.
Algunos ayuntamientos muestran recelos hacia la vivienda pública.
Quiero recalcar que cuando hablamos de VPO no estamos hablando de un sector de la población que se pueda identificar con integración social. Hay tres regímenes a los que acogerse, y en el más alto pueden acceder familias con ingresos de hasta 3.500 euros mensuales. Identificar ese sector de la población con familias de integración social... Dista mucho. ¿Qué utilización le pretende dar el Ayuntamiento a ese suelo si no es para vivienda pública?
El gran inconveniente es el acceso a las hipotecas. ¿Contemplan herramientas para que los adjudicatarios obtengan los créditos?
Las entidades financieras y el ICO tienen un compromiso para poner ese dinero a disposición de los promotores y los adjudicatarios. Al otorgarle la calificación el beneficiario ya tiene derecho a los préstamos cualificados, que subvencionan parte de los intereses.
Otra opción innovadora pasa por la compra directa de suelo.
La Junta ha puesto sobre la mesa 160 millones de euros para adquirir suelo y la provincia es la única que cuenta con doce municipios preferentes para optar a la compra de suelo. Las parcelas tienen que poder albergar como mínimo cien viviendas. Pero es que la provincia es la que más vivienda protegida está demandando. Se ha hecho una oferta y esperamos que haya demanda, pero entiendo que el mayor porcentaje tendrá que venir a Málaga. La Junta lo urbanizará y después lo brindará a los promotores o lo hará la propia Administración.
¿Qué resultados ha cosechado el plan de alquiler para jóvenes?
Hasta el momento unos 2.500 jóvenes reciben ayudas mensuales en la provincia para pagar el alquiler, y otros tantos propietarios han obtenido subvenciones de hasta 6.000 euros por arrendar sus pisos durante cinco años. Los promotores con pisos sin vender tienen una opción clara en el alquiler con opción a compra, que les permitiría pasar el bache a la espera de tiempos mejores.
Termino con una pregunta de un lector que vive en una vivienda pública de alquiler en La Noria y nos explica que se le ha ofrecido a los inquilinos la posibilidad de comprarlas. ¿Es posible que puedan hacerlo sin ser los primeros adjudicatarios?
La Empresa Pública de Suelo hace un seguimiento a los ocupantes de las viviendas para evitar la patada en la puerta. Para comprarlas, el primer adjudicatario tiene que hacer una renuncia por escrito, y también se pide el empadronamiento histórico, para demostrar que la familia vive allí desde hace una serie de años. De esta forma se puede vender, pero no automáticamente al primero que llega.
¿Cuántas VPO se estima que hacen falta en Málaga?
Unas 50.000. El grueso en la capital, donde está cifrado en unas 20.800, pero también en municipios importantes como Marbella.
La Consejería ha planteado una estrategia novedosa, como es la conversión en VPO de viviendas ya construidas que están sin vender.
Es una oportunidad que brinda la Consejería para que el stock de vivienda construida pueda tener salida al mercado. Da protección a los promotores para que ese dinero que está estancado pueda tener una salida en el momento en que nos encontramos.
Los promotores hablan de unas 20.000 viviendas sin vender. Serían casi la mitad de las necesarias...
En Málaga todavía no hemos tenido una relación cuerpo a cuerpo con los promotores. Las negociaciones han sido hasta el momento entre la Consejería y Fadeco (patronal de los constructores). El resultado se ha plasmado en la orden que desarrolla el Plan Concertado de Vivienda, que se va a publicar dentro de muy poco y establece las dimensiones mínimas. En muchos casos los parámetros de la vivienda de renta libre no coinciden con los de la VPO, por lo que la orden permitirá flexibilizar los requisitos hasta un 15%. Y el precio se tendrá que acomodar al de las VPO de iniciativa municipal o autonómica, que es la categoría más alta y que deja más margen al promotor. Me encantaría que esta iniciativa tuviera una buena acogida, porque tiene una doble finalidad: poner en el mercado vivienda a precios asequibles para los ciudadanos y un incentivo para los promotores que tienen una situación económica crítica.
Entonces mucho de lo que se ha construido últimamente no podría ser VPO (que exige como mínimo de 70 a 90 metros cuadrados).
Si no dan los estándares de superficie no van a tener un fácil encaje. Durante un tiempo de aplicación de la orden habrá que ver los resultados por si hay que tomar otras medidas. En algunos casos sí admitimos una determinada superficie, por ejemplo en el caso de familias monoparentales o mayores. La norma contempla otras posibilidades, como calificar como vivienda protegida la parte de la promoción que no se ha vendido.
Algunos ayuntamientos muestran recelos hacia la vivienda pública.
Quiero recalcar que cuando hablamos de VPO no estamos hablando de un sector de la población que se pueda identificar con integración social. Hay tres regímenes a los que acogerse, y en el más alto pueden acceder familias con ingresos de hasta 3.500 euros mensuales. Identificar ese sector de la población con familias de integración social... Dista mucho. ¿Qué utilización le pretende dar el Ayuntamiento a ese suelo si no es para vivienda pública?
El gran inconveniente es el acceso a las hipotecas. ¿Contemplan herramientas para que los adjudicatarios obtengan los créditos?
Las entidades financieras y el ICO tienen un compromiso para poner ese dinero a disposición de los promotores y los adjudicatarios. Al otorgarle la calificación el beneficiario ya tiene derecho a los préstamos cualificados, que subvencionan parte de los intereses.
Otra opción innovadora pasa por la compra directa de suelo.
La Junta ha puesto sobre la mesa 160 millones de euros para adquirir suelo y la provincia es la única que cuenta con doce municipios preferentes para optar a la compra de suelo. Las parcelas tienen que poder albergar como mínimo cien viviendas. Pero es que la provincia es la que más vivienda protegida está demandando. Se ha hecho una oferta y esperamos que haya demanda, pero entiendo que el mayor porcentaje tendrá que venir a Málaga. La Junta lo urbanizará y después lo brindará a los promotores o lo hará la propia Administración.
¿Qué resultados ha cosechado el plan de alquiler para jóvenes?
Hasta el momento unos 2.500 jóvenes reciben ayudas mensuales en la provincia para pagar el alquiler, y otros tantos propietarios han obtenido subvenciones de hasta 6.000 euros por arrendar sus pisos durante cinco años. Los promotores con pisos sin vender tienen una opción clara en el alquiler con opción a compra, que les permitiría pasar el bache a la espera de tiempos mejores.
Termino con una pregunta de un lector que vive en una vivienda pública de alquiler en La Noria y nos explica que se le ha ofrecido a los inquilinos la posibilidad de comprarlas. ¿Es posible que puedan hacerlo sin ser los primeros adjudicatarios?
La Empresa Pública de Suelo hace un seguimiento a los ocupantes de las viviendas para evitar la patada en la puerta. Para comprarlas, el primer adjudicatario tiene que hacer una renuncia por escrito, y también se pide el empadronamiento histórico, para demostrar que la familia vive allí desde hace una serie de años. De esta forma se puede vender, pero no automáticamente al primero que llega.
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