El promotor, imputado en el ´caso Malaya´, pidió ayer que las administraciones agilicen su tramitación. Para la alcaldesa, el nuevo plan restituye la legalidad
P. S. / AGENCIAS. MARBELLA El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella debe salir adelante "lo antes posible" para recuperar la actividad económica de la ciudad. El promotor granadino imputado en la operación ´Malaya´ José Ávila Rojas, y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, coinciden en esta afirmación.
Ávila Rojas pidió ayer a las administraciones públicas implicadas -Ayuntamiento y Junta de Andalucía- que agilicen su tramitación para conocer las "reglas del juego legales" a las que deberán atenerse los constructores a partir de ahora. Confía en que su aprobación permitirá retomar proyectos urbanísticos paralizados que iniciarán de nuevo su desarrollo.
Primer derribo. "Trabajando se pueden recuperar cosas, pero sin trabajar lo único que haces es perder, perder y perder", indicó el empresario granadino, que es propietario del primer inmueble ilegal que se convertirá en escombros en Marbella.
Su promotora, Naviro Inmobiliaria, inició el pasado miércoles los trabajos de demolición de un bloque de 34 viviendas deshabitado en la urbanización Golf Río Real, situada en el distrito de Las Chapas. Una actuación que ejecutaron en cumplimiento de una orden dictada por el Consistorio.
Este derribo demuestra que el gobierno municipal del PP trabaja para devolver la seguridad y normalización a Marbella y es una muestra de que "todo no tenía cabida en el urbanismo de la ciudad", recalcó la regidora. La imagen de la piqueta es, para Muñoz, un adelanto de cómo será el futuro de una localidad que ya no estará ajena a la legalidad. Aunque no se repetirá mucho.
Las dos únicas edificaciones que, por el momento, cuentan con orden de derribo son la ya citada y otra ubicada en la urbanización Lindavista Alta, en San Pedro Alcántara. La propietaria de este inmueble, la constructora Prosavi, tiene de plazo hasta finales de abril para convertirla en añicos. En ambos casos, se trata de inmuebles deshabitados y no regularizables en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
En esta misma situación, se encuentran otras 500 construcciones que dependen de una decisión judicial. "Estamos a la espera de que resuelvan los tribunales", dijo Muñoz, que mantiene su defensa a los propietarios de buena fe que las adquirieron en su día, "que deben estar tranquilos".
Quienes están preocupados son los dueños de las viviendas legales que agrupa la plataforma 29-M. Para su portavoz, Rafael Ávila, el nuevo PGOU de Marbella elaborado por el PP es sinónimo de amnistía. "Se niegan a revisar las licencias ilegales, por tanto no se abrirá ningún expediente disciplinario y no habrá quien pague y, además, se expropian propiedades de personas que han cumplido con la ley para compensar actuaciones ilegales". Una situación "intolerable" que no se arreglan con un par de demoliciones que en su opinión no son más que un gesto para quedar bien.
P. S. / AGENCIAS. MARBELLA El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella debe salir adelante "lo antes posible" para recuperar la actividad económica de la ciudad. El promotor granadino imputado en la operación ´Malaya´ José Ávila Rojas, y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, coinciden en esta afirmación.
Ávila Rojas pidió ayer a las administraciones públicas implicadas -Ayuntamiento y Junta de Andalucía- que agilicen su tramitación para conocer las "reglas del juego legales" a las que deberán atenerse los constructores a partir de ahora. Confía en que su aprobación permitirá retomar proyectos urbanísticos paralizados que iniciarán de nuevo su desarrollo.
Primer derribo. "Trabajando se pueden recuperar cosas, pero sin trabajar lo único que haces es perder, perder y perder", indicó el empresario granadino, que es propietario del primer inmueble ilegal que se convertirá en escombros en Marbella.
Su promotora, Naviro Inmobiliaria, inició el pasado miércoles los trabajos de demolición de un bloque de 34 viviendas deshabitado en la urbanización Golf Río Real, situada en el distrito de Las Chapas. Una actuación que ejecutaron en cumplimiento de una orden dictada por el Consistorio.
Este derribo demuestra que el gobierno municipal del PP trabaja para devolver la seguridad y normalización a Marbella y es una muestra de que "todo no tenía cabida en el urbanismo de la ciudad", recalcó la regidora. La imagen de la piqueta es, para Muñoz, un adelanto de cómo será el futuro de una localidad que ya no estará ajena a la legalidad. Aunque no se repetirá mucho.
Las dos únicas edificaciones que, por el momento, cuentan con orden de derribo son la ya citada y otra ubicada en la urbanización Lindavista Alta, en San Pedro Alcántara. La propietaria de este inmueble, la constructora Prosavi, tiene de plazo hasta finales de abril para convertirla en añicos. En ambos casos, se trata de inmuebles deshabitados y no regularizables en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
En esta misma situación, se encuentran otras 500 construcciones que dependen de una decisión judicial. "Estamos a la espera de que resuelvan los tribunales", dijo Muñoz, que mantiene su defensa a los propietarios de buena fe que las adquirieron en su día, "que deben estar tranquilos".
Quienes están preocupados son los dueños de las viviendas legales que agrupa la plataforma 29-M. Para su portavoz, Rafael Ávila, el nuevo PGOU de Marbella elaborado por el PP es sinónimo de amnistía. "Se niegan a revisar las licencias ilegales, por tanto no se abrirá ningún expediente disciplinario y no habrá quien pague y, además, se expropian propiedades de personas que han cumplido con la ley para compensar actuaciones ilegales". Una situación "intolerable" que no se arreglan con un par de demoliciones que en su opinión no son más que un gesto para quedar bien.
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