Ejecutan el primer derribo de un edificio ilegal en Marbella (La Opinión)

Se trata de un inmueble deshabitado que se ubica en zona verde y que es propiedad del empresario imputado en el ´caso Malaya´ José Ávila Rojas
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA La piqueta ya está en marcha. La constructora Naviro Inmobiliaria comenzó a demoler ayer el primer inmueble irregular que se convertirá en escombros en Marbella. Una actuación que acomete para cumplir la orden de derribo dictada por el gobierno municipal del PP el pasado 9 de septiembre, en junta local.El edificio se ubica en la urbanización Golf Río Real, en el distrito marbellí de Las Chapas, y consta de una treintena de dependencias repartidas en tres plantas, que estaban en fase de revestimiento. Su destrucción supondrá un coste de 47.500 euros que deberá pagar la promotora, propiedad del empresario granadino imputado en la operación ´Malaya´ José Ávila Rojas.Paralizadas. La comisión gestora que gobernó el Ayuntamiento de Marbella paralizó en 2006 las obras de este inmueble, que habían comenzado dos años antes y carecían de licencia municipal. Este es uno de los tres requisitos que deben cumplir los inmuebles irregulares que se vayan a demoler, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el acuerdo pactado entre el Ayuntamiento de la localidad y la Junta de Andalucía para otorgar licencias de ocupación provisionales antes de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los otros dos requisitos son que las viviendas estén deshabitadas y que su regularización no sea posible en el nuevo PGOU que actualmente está en trámite.En este caso, el edificio se ubica sobre una zona calificada como verde en el PGOU vigente, de 1986. En el actual documento urbanístico, este suelo se destina a crear un equipamiento público. Una razón que sentenciaba su final. No será el único.En la misma junta de gobierno local del pasado 9 de septiembre, el PP acordó la demolición de otra estructura, que al igual que ésta, ni siquiera merece recibir la calificación de inmueble. Se trata de una promoción situada en la urbanización Lindavista Alta, en el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara.La inmobiliaria Prosavi es la propietaria de estos proyectos urbanísticos, que apenas estaban en proceso de cimentación y que están sentenciados a caer a golpes de piqueta. Su destrucción supondrá un pago de unos 6.000 euros que también deberán correr a cuenta de la constructora, en función con la orden municipal.La demolición de esta promoción aún no ha comenzado, pero no tardará, según adelantaron fuentes municipales, ya que tanto Naviro Inmobiliaria como Prosavi tienen como plazo hasta finales de abril para que estos edificios estén definitivamente destruidos. Con esta medida, se recuperarán los espacios ocupados por dos de las 18.000 viviendas ilegales que el nuevo PGOU legaliza en su mayoría.