Comienza el derribo de 34 viviendas construidas sin licencia por el promotor granadino Ávila Rojas El Ayuntamiento sólo prevé una segunda demolición, pero la Junta reclama que haya más
DEMOLICIONES PREVISTAS
Las Chapas
Urbanización: Golf Río Real.
Promotora: Naviro Inmobiliaria, del granadino Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya'.
Infracción: Ocupa zona verde y no tiene licencia.
Situación en el nuevo PGOU: El suelo pasa a considerarse equipamiento público.
Estado de las obras: El bloque, de planta baja más tres alturas y 34 viviendas, está ejecutado al 60 por ciento. La demolición empezó ayer.
Coste de la demolición: 47.500 euros. Lo asume la promotora, con la que se llegó a un acuerdo.
San Pedro
Urbanización: Calle Boreal, en la urbanización Linda Vista Alta. Seis viviendas adosadas.
Promotor: Prosavi.
Infracción: Ocupa zona verde.
Situación en el nuevo PGOU: Se mantiene la calificación de zona verde.
Estado de las obras: En fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados. La demolición aún no ha comenzado. La licencia caduca en abril.
Coste de la demolición: El importe del proyecto presentado por Prosavi asciende a seis mil euros. Sin hacer mucho ruido. Sólo el de una solitaria máquina que a última hora de la tarde se afanaba en hacer añicos las paredes. Marbella dio ayer así un paso más hacia la legalidad con el inicio de la primera demolición de una obra sin licencia construida en la llamada 'era GIL'. Casi dos décadas después de que el desaparecido Jesús Gil se hiciera con la Alcaldía de la ciudad e impusiera su voraz gestión urbanística, la esperada piqueta apareció por la mañana en el horizonte para derribar 34 viviendas en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, levantadas en zona verde. Detrás de esta construcción está además el nombre del promotor granadino José Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya', y de una de sus empresas: Naviro Inmobiliaria.
Siete meses han pasado desde que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, firmara la orden de derribo de ésta y otra promoción de viviendas en cumplimiento de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la ejecución anticipada del Plan General de Aprobación Urbana (PGOU) de la ciudad. Será el primer planeamiento en 23 años, actualmente pendiente de una segunda aprobación provisional prevista para mayo.
Las términos de este singular pacto aprobado en julio del año pasado para desatascar el urbanismo estaban claros: el Consistorio podía empezar a conceder licencias en precario en base al futuro PGOU -que no entrará en vigor hasta fin de año- para no paralizar la ciudad pero a cambio debía ejecutar demoliciones de estructuras construidas ilegalmente y desocupadas -la Junta llegó a darle por escrito un listado ocho edificios que debían desaparecer al no haber terceros de buena fe afectados ni ser regularizables en el Plan General-. También la revisión de las licencias irregulares, a lo que el equipo de gobierno se resiste.
Pero el Ayuntamiento añadió unilateralmente otro requisito que restringió aún más el escenario de las posibles demoliciones: que la obra no tuviera licencia, ni siquiera una de las que los alcaldes del GIL concedían contra la ordenación y posteriormente eran anuladas por los tribunales. Con estas credenciales, en Marbella sólo habría dos promociones: la que comenzó a derribarse ayer y una segunda de seis viviendas adosadas en San Pedro Alcántara, en la urbanización Linda Vista y a cargo de la promotora Prosavi, pendiente también de que comience su reducción a escombros.
Zonas verdes
Ambas, además de ocupar zonas verdes según el PGOU vigente, no cuentan con licencia municipal, no se regularizan en el futuro planeamiento y están deshabitadas. La lista, por ahora, se quedará aquí. La alcaldesa, responsable en última instancia de aplicar la disciplina urbanística, ya ha advertido de que no habrá más demoliciones al margen de la de Las Chapas y la de San Pedro, que además fueron acordadas con los promotores, a los que se le dio licencia el pasado enero.
Defiende esta postura en evitar reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento. Alerta de que podría darse este caso en viviendas edificadas con licencia, aunque los tribunales las hubiesen anulado posteriormente. Mientras, la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, aunque valoró positivamente que se ejecute el derribo de una obra ilegal, la consideró «insuficiente y tardía». Recordó que dentro del acuerdo entre ambas administraciones la Junta informó de al menos ocho construcciones ilegales, desocupadas y cuya regularización no contempla el nuevo planeamiento urbanístico «que se ajustarían a los criterios consensuados para su demolición».
No se anduvo con rodeos e instó a la regidora en un comunicado a que promueva los derribos de estructuras ilegales, sin terceros afectados ni regularizables en el futuro planeamiento, que fueron señalados por el Gobierno andaluz. De paso, le reclamó que revise las licencias irregulares, otro de los puntos del acuerdo bilateral y que la alcaldesa prefiere dejar para cuando el Plan General entre en vigor, algo que el equipo de gobierno espera para finales de año una vez la Junta le dé el visto bueno.
En esta aprobación final jugará un papel crucial el entendimiento entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y el Ejecutivo andaluz, que deben ponerse de acuerdo sobre las compensaciones para la regularización de las 18.000 viviendas ilegales que dejó el gilismo o sobre el medio millar que tras la primera aprobación no tienen visos de legalizarse.
DEMOLICIONES PREVISTAS
Las Chapas
Urbanización: Golf Río Real.
Promotora: Naviro Inmobiliaria, del granadino Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya'.
Infracción: Ocupa zona verde y no tiene licencia.
Situación en el nuevo PGOU: El suelo pasa a considerarse equipamiento público.
Estado de las obras: El bloque, de planta baja más tres alturas y 34 viviendas, está ejecutado al 60 por ciento. La demolición empezó ayer.
Coste de la demolición: 47.500 euros. Lo asume la promotora, con la que se llegó a un acuerdo.
San Pedro
Urbanización: Calle Boreal, en la urbanización Linda Vista Alta. Seis viviendas adosadas.
Promotor: Prosavi.
Infracción: Ocupa zona verde.
Situación en el nuevo PGOU: Se mantiene la calificación de zona verde.
Estado de las obras: En fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados. La demolición aún no ha comenzado. La licencia caduca en abril.
Coste de la demolición: El importe del proyecto presentado por Prosavi asciende a seis mil euros. Sin hacer mucho ruido. Sólo el de una solitaria máquina que a última hora de la tarde se afanaba en hacer añicos las paredes. Marbella dio ayer así un paso más hacia la legalidad con el inicio de la primera demolición de una obra sin licencia construida en la llamada 'era GIL'. Casi dos décadas después de que el desaparecido Jesús Gil se hiciera con la Alcaldía de la ciudad e impusiera su voraz gestión urbanística, la esperada piqueta apareció por la mañana en el horizonte para derribar 34 viviendas en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, levantadas en zona verde. Detrás de esta construcción está además el nombre del promotor granadino José Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya', y de una de sus empresas: Naviro Inmobiliaria.
Siete meses han pasado desde que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, firmara la orden de derribo de ésta y otra promoción de viviendas en cumplimiento de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la ejecución anticipada del Plan General de Aprobación Urbana (PGOU) de la ciudad. Será el primer planeamiento en 23 años, actualmente pendiente de una segunda aprobación provisional prevista para mayo.
Las términos de este singular pacto aprobado en julio del año pasado para desatascar el urbanismo estaban claros: el Consistorio podía empezar a conceder licencias en precario en base al futuro PGOU -que no entrará en vigor hasta fin de año- para no paralizar la ciudad pero a cambio debía ejecutar demoliciones de estructuras construidas ilegalmente y desocupadas -la Junta llegó a darle por escrito un listado ocho edificios que debían desaparecer al no haber terceros de buena fe afectados ni ser regularizables en el Plan General-. También la revisión de las licencias irregulares, a lo que el equipo de gobierno se resiste.
Pero el Ayuntamiento añadió unilateralmente otro requisito que restringió aún más el escenario de las posibles demoliciones: que la obra no tuviera licencia, ni siquiera una de las que los alcaldes del GIL concedían contra la ordenación y posteriormente eran anuladas por los tribunales. Con estas credenciales, en Marbella sólo habría dos promociones: la que comenzó a derribarse ayer y una segunda de seis viviendas adosadas en San Pedro Alcántara, en la urbanización Linda Vista y a cargo de la promotora Prosavi, pendiente también de que comience su reducción a escombros.
Zonas verdes
Ambas, además de ocupar zonas verdes según el PGOU vigente, no cuentan con licencia municipal, no se regularizan en el futuro planeamiento y están deshabitadas. La lista, por ahora, se quedará aquí. La alcaldesa, responsable en última instancia de aplicar la disciplina urbanística, ya ha advertido de que no habrá más demoliciones al margen de la de Las Chapas y la de San Pedro, que además fueron acordadas con los promotores, a los que se le dio licencia el pasado enero.
Defiende esta postura en evitar reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento. Alerta de que podría darse este caso en viviendas edificadas con licencia, aunque los tribunales las hubiesen anulado posteriormente. Mientras, la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, aunque valoró positivamente que se ejecute el derribo de una obra ilegal, la consideró «insuficiente y tardía». Recordó que dentro del acuerdo entre ambas administraciones la Junta informó de al menos ocho construcciones ilegales, desocupadas y cuya regularización no contempla el nuevo planeamiento urbanístico «que se ajustarían a los criterios consensuados para su demolición».
No se anduvo con rodeos e instó a la regidora en un comunicado a que promueva los derribos de estructuras ilegales, sin terceros afectados ni regularizables en el futuro planeamiento, que fueron señalados por el Gobierno andaluz. De paso, le reclamó que revise las licencias irregulares, otro de los puntos del acuerdo bilateral y que la alcaldesa prefiere dejar para cuando el Plan General entre en vigor, algo que el equipo de gobierno espera para finales de año una vez la Junta le dé el visto bueno.
En esta aprobación final jugará un papel crucial el entendimiento entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y el Ejecutivo andaluz, que deben ponerse de acuerdo sobre las compensaciones para la regularización de las 18.000 viviendas ilegales que dejó el gilismo o sobre el medio millar que tras la primera aprobación no tienen visos de legalizarse.
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