El Tribunal Supremo ratificó en 2007 la nulidad de la licencia y del edificio de aparcamientos de Las Pirámides
MARÍA ALBARRAL. FUENGIROLA El edil socialista del Ayuntamiento de Fuengirola Javier García León compareció ayer ante los medios de comunicación para "exigir a la alcaldesa del municipio, Esperanza Oña, que cumpla con las resoluciones judiciales".
La solicitud responde a la decisión del Tribunal Supremo de declarar nula la licencia de un aparcamiento situado en una parcela del paseo marítimo (Las Pirámides) por "vulnerar el interés público urbanístico", por lo que el PSOE pide su demolición.
García León acusó a la regidora de "dar la espalda nuevamente a los vecinos pues cinco comunidades de propietarios emprendieron acciones legales en 1998 contra la concesión municipal".
La primera sentencia al respecto, que data del 1 de diciembre de 2005, afirma que "el Ayuntamiento emisor de la licencia no contesta a la demanda" por lo que resuelve la nulidad de dicho permiso. La empresa recurre el fallo del juzgado en 2006 y, en esta ocasión, el Consistorio comparece en contra del propietario.
Según el PSOE, "hay que tener muy claro que quien otorgó la licencia fue el Ayuntamiento aunque después quisiera rectificar al darse cuenta de la magnitud del error que había cometido. No es la primera vez que el Consistorio da una licencia y cuando los vecinos denuncian los casos se ve obligado a suspenderla", comentó el concejal, quien se preguntó "si el Ayuntamiento hubiese seguido hasta el final, si los residentes no hubieran actuado".
La última resolución judicial procedente del Tribunal Supremo, que data del 13 de septiembre de 2007, no admite a trámite el recurso de la empresa y, por tanto, reafirma la sentencia de 1 de diciembre de 2005. En este sentido, García León acusa a la alcaldesa de "no ejecutar la sentencia", pues desde hace dos años todavía no se ha derrumbado la edificación.
Por su parte, el equipo de gobierno afirma que "exigió el año pasado a la empresa la necesidad de ejecutar la demolición y adaptación de la construcción a la normativa vigente pero el propietario solicitó un aplazamiento". Se espera que en los próximos tres meses se adapte la edificación a la legalidad vigente.
MARÍA ALBARRAL. FUENGIROLA El edil socialista del Ayuntamiento de Fuengirola Javier García León compareció ayer ante los medios de comunicación para "exigir a la alcaldesa del municipio, Esperanza Oña, que cumpla con las resoluciones judiciales".
La solicitud responde a la decisión del Tribunal Supremo de declarar nula la licencia de un aparcamiento situado en una parcela del paseo marítimo (Las Pirámides) por "vulnerar el interés público urbanístico", por lo que el PSOE pide su demolición.
García León acusó a la regidora de "dar la espalda nuevamente a los vecinos pues cinco comunidades de propietarios emprendieron acciones legales en 1998 contra la concesión municipal".
La primera sentencia al respecto, que data del 1 de diciembre de 2005, afirma que "el Ayuntamiento emisor de la licencia no contesta a la demanda" por lo que resuelve la nulidad de dicho permiso. La empresa recurre el fallo del juzgado en 2006 y, en esta ocasión, el Consistorio comparece en contra del propietario.
Según el PSOE, "hay que tener muy claro que quien otorgó la licencia fue el Ayuntamiento aunque después quisiera rectificar al darse cuenta de la magnitud del error que había cometido. No es la primera vez que el Consistorio da una licencia y cuando los vecinos denuncian los casos se ve obligado a suspenderla", comentó el concejal, quien se preguntó "si el Ayuntamiento hubiese seguido hasta el final, si los residentes no hubieran actuado".
La última resolución judicial procedente del Tribunal Supremo, que data del 13 de septiembre de 2007, no admite a trámite el recurso de la empresa y, por tanto, reafirma la sentencia de 1 de diciembre de 2005. En este sentido, García León acusa a la alcaldesa de "no ejecutar la sentencia", pues desde hace dos años todavía no se ha derrumbado la edificación.
Por su parte, el equipo de gobierno afirma que "exigió el año pasado a la empresa la necesidad de ejecutar la demolición y adaptación de la construcción a la normativa vigente pero el propietario solicitó un aplazamiento". Se espera que en los próximos tres meses se adapte la edificación a la legalidad vigente.
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