El paisaje marbellí sigue salpicado por más de 18.000 viviendas irregulares construidas durante el gilismo. El Plan General dará respuesta a la inmensa mayoría
Como una madeja espesa a la que había que encontrarle un hilo para empezar a desenredar. Así ha estado en los últimos años el mapa del ladrillo, en algunos casos con un cemento que sigue casi fresco, en Marbella. El laberinto urbanístico que dejó el gilismo, con más de 18.000 viviendas ilegales salpicando el horizonte de la ciudad, empieza a aclararse. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, dará respuesta a la inmensa mayoría de las construcciones irregulares que se levantaron en la ciudad. Aunque tanto la Junta como el Ayuntamiento sostienen que no se tratará, en ningún caso, de una amnistía. Estas son algunas de sus claves.
18.000 VIVIENDAS
Las que se regularizan en el futuro PGOU
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, al que se le dio el primer visto bueno provisional en octubre del año pasado y que está pendiente de otra aprobación provisional prevista para mayo, regulariza 18.000 viviendas ilegales construidas durante la 'era GIL' al amparo de licencias que violaban el planeamiento entonces vigente. No será una medida de gracia. El Ayuntamiento reclamará a los promotores compensaciones a cambio de la legalización, esto es, que compren suelo y lo den a la ciudad. Sobre muchas de ellas pesan sentencias de anulación de licencias que obligarían al derribo. Sin embargo, los tribunales concedieron aplazamientos a la espera de ver cómo quedan en el PGOU.
500 CASAS
Las que se quedan, por ahora, fuera del Plan
Inicialmente, en el Plan General que elaboró la Junta cuando retiró las competencias urbanísticas a Marbella en junio de 2006, eran 752 pero el equipo de gobierno retocó el documento y las redujo a 500. Son las viviendas que a priori no tendrían cabida en el futuro planeamiento, al menos por ahora. Es el caso del edificio Banana Beach, de varios pisos de Río Real y de una treintena de viviendas de La Víbora, La alcaldesa, Ángeles Muñoz, quiere que también se acojan a las compensaciones pero la aprobación definitiva está en manos de la Junta.
OCHO EDIFICIOS
Los que la Junta quiere que se derriben
En el listado de edificaciones desocupadas que había que demoler la Junta incluyó el verano pasado ocho inmuebles, entre ellos la estructura para un hotel junto al hospital Costa del Sol o dos bloques de 61 viviendas en la avenida del Mediterráneo, en San Pedro Alcántara. Reúnen los requisitos: desocupadas, ilegales y no regularizadas en el PGOU, al menos en el que diseñó la Junta.
DOS EDIFICIOS
Los únicos que el Consistorio demolerá
Las 34 viviendas de la zona de Las Chapas que ayer comenzaron a demolerse y los cinco chalés de San Pedro Alcántara, en Linda Vista. La alcaldesa de la ciudad quiere que las demoliciones se queden únicamente en estas dos estructuras, también deshabitadas, y que además no tienen licencia, ni tan siquiera de las que han ido anulando los tribunales.
Como una madeja espesa a la que había que encontrarle un hilo para empezar a desenredar. Así ha estado en los últimos años el mapa del ladrillo, en algunos casos con un cemento que sigue casi fresco, en Marbella. El laberinto urbanístico que dejó el gilismo, con más de 18.000 viviendas ilegales salpicando el horizonte de la ciudad, empieza a aclararse. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, dará respuesta a la inmensa mayoría de las construcciones irregulares que se levantaron en la ciudad. Aunque tanto la Junta como el Ayuntamiento sostienen que no se tratará, en ningún caso, de una amnistía. Estas son algunas de sus claves.
18.000 VIVIENDAS
Las que se regularizan en el futuro PGOU
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, al que se le dio el primer visto bueno provisional en octubre del año pasado y que está pendiente de otra aprobación provisional prevista para mayo, regulariza 18.000 viviendas ilegales construidas durante la 'era GIL' al amparo de licencias que violaban el planeamiento entonces vigente. No será una medida de gracia. El Ayuntamiento reclamará a los promotores compensaciones a cambio de la legalización, esto es, que compren suelo y lo den a la ciudad. Sobre muchas de ellas pesan sentencias de anulación de licencias que obligarían al derribo. Sin embargo, los tribunales concedieron aplazamientos a la espera de ver cómo quedan en el PGOU.
500 CASAS
Las que se quedan, por ahora, fuera del Plan
Inicialmente, en el Plan General que elaboró la Junta cuando retiró las competencias urbanísticas a Marbella en junio de 2006, eran 752 pero el equipo de gobierno retocó el documento y las redujo a 500. Son las viviendas que a priori no tendrían cabida en el futuro planeamiento, al menos por ahora. Es el caso del edificio Banana Beach, de varios pisos de Río Real y de una treintena de viviendas de La Víbora, La alcaldesa, Ángeles Muñoz, quiere que también se acojan a las compensaciones pero la aprobación definitiva está en manos de la Junta.
OCHO EDIFICIOS
Los que la Junta quiere que se derriben
En el listado de edificaciones desocupadas que había que demoler la Junta incluyó el verano pasado ocho inmuebles, entre ellos la estructura para un hotel junto al hospital Costa del Sol o dos bloques de 61 viviendas en la avenida del Mediterráneo, en San Pedro Alcántara. Reúnen los requisitos: desocupadas, ilegales y no regularizadas en el PGOU, al menos en el que diseñó la Junta.
DOS EDIFICIOS
Los únicos que el Consistorio demolerá
Las 34 viviendas de la zona de Las Chapas que ayer comenzaron a demolerse y los cinco chalés de San Pedro Alcántara, en Linda Vista. La alcaldesa de la ciudad quiere que las demoliciones se queden únicamente en estas dos estructuras, también deshabitadas, y que además no tienen licencia, ni tan siquiera de las que han ido anulando los tribunales.
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