Para lograr un permiso de primera ocupación deben garantizar las compensaciones por la regularización de las casas en el Plan Hasta ahora sólo se han concedido 20 licencias a comercios
Veinte licencias provisionales a comercios ubicados en edificios ilegales pero ninguna de primera ocupación. El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para la ejecución anticipada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que volvió a saltar a la palestra la semana pasada tras comenzar el derribo de la primera obra ilegal construida durante la 'era GIL', flaquea ocho meses después de que echara a andar. Según fuentes municipales, el principal motivo es la falta de avales de los promotores, que en el caso de las peticiones de licencias de primera ocupación deben garantizar que afrontarán las compensaciones que marca el futuro Plan General para la regularización de los inmuebles.
Y no hay medias tintas. A día de hoy, desde que el acuerdo se llevara a pleno en julio del año pasado, no se ha otorgado ninguna licencia de primera ocupación provisional a inmuebles que se construyeron contraviniendo el planeamiento durante el gilismo y que sí podrán normalizarse en el futuro Plan mediante el sistema de compensaciones. Eso pese a que tan sólo un mes después de que entrara en vigor la medida se habían recibido 975 solicitudes en este sentido.
La situación difiere, con mucho, de las licencias de apertura provisionales para establecimientos. En total ya se han concedido, según las mismas fuentes, una veintena de autorizaciones para normalizar su situación. Hay más a las puertas. El Ayuntamiento tramita cerca de un centenar de expedientes similares para otros tantos permisos que se espera lleguen a buen puerto. La cifra sigue quedando con todo lejos de las que se manejaban inicialmente. Desde el equipo de gobierno se llegó a hablar de unos 600 comercios regularizarían su situación al contar provisionalmente con licencias de apertura y de obras para acondicionar estos locales.
Demoliciones
La concesión de licencias provisionales es una de las dos caras de la moneda del acuerdo del verano pasado entre la Junta y el Ayuntamiento. La otra obliga al Consistorio a ordenar la demolición de edificaciones desocupadas y que no tendrán cabida en el nuevo Plan, así como a la revisión de las licencias ilegales. La respuesta del equipo de gobierno ante estos requisitos no satisface del todo al Gobierno andaluz.
Sobre los derribos, el equipo de gobierno ha restringido a dos las estructuras que quedarán reducidas a escombros, las únicas que no tenían ni siquiera licencia, frente a las ocho que reclama la Junta. Sobre la revisión de las licencias ilegales otorgadas durante el gilismo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, prefiere esperar a que se apruebe el PGOU, lo que se prevé para finales de año.
Veinte licencias provisionales a comercios ubicados en edificios ilegales pero ninguna de primera ocupación. El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para la ejecución anticipada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que volvió a saltar a la palestra la semana pasada tras comenzar el derribo de la primera obra ilegal construida durante la 'era GIL', flaquea ocho meses después de que echara a andar. Según fuentes municipales, el principal motivo es la falta de avales de los promotores, que en el caso de las peticiones de licencias de primera ocupación deben garantizar que afrontarán las compensaciones que marca el futuro Plan General para la regularización de los inmuebles.
Y no hay medias tintas. A día de hoy, desde que el acuerdo se llevara a pleno en julio del año pasado, no se ha otorgado ninguna licencia de primera ocupación provisional a inmuebles que se construyeron contraviniendo el planeamiento durante el gilismo y que sí podrán normalizarse en el futuro Plan mediante el sistema de compensaciones. Eso pese a que tan sólo un mes después de que entrara en vigor la medida se habían recibido 975 solicitudes en este sentido.
La situación difiere, con mucho, de las licencias de apertura provisionales para establecimientos. En total ya se han concedido, según las mismas fuentes, una veintena de autorizaciones para normalizar su situación. Hay más a las puertas. El Ayuntamiento tramita cerca de un centenar de expedientes similares para otros tantos permisos que se espera lleguen a buen puerto. La cifra sigue quedando con todo lejos de las que se manejaban inicialmente. Desde el equipo de gobierno se llegó a hablar de unos 600 comercios regularizarían su situación al contar provisionalmente con licencias de apertura y de obras para acondicionar estos locales.
Demoliciones
La concesión de licencias provisionales es una de las dos caras de la moneda del acuerdo del verano pasado entre la Junta y el Ayuntamiento. La otra obliga al Consistorio a ordenar la demolición de edificaciones desocupadas y que no tendrán cabida en el nuevo Plan, así como a la revisión de las licencias ilegales. La respuesta del equipo de gobierno ante estos requisitos no satisface del todo al Gobierno andaluz.
Sobre los derribos, el equipo de gobierno ha restringido a dos las estructuras que quedarán reducidas a escombros, las únicas que no tenían ni siquiera licencia, frente a las ocho que reclama la Junta. Sobre la revisión de las licencias ilegales otorgadas durante el gilismo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, prefiere esperar a que se apruebe el PGOU, lo que se prevé para finales de año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario